El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido formalmente imputado este martes, 19 de mayo de 2026, en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales. La imputación, acordada por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, se produce en el marco de la investigación judicial conocida como caso Plus Ultra, y supone un hito sin precedentes en la historia de la democracia española: ningún expresidente del Gobierno había sido investigado penalmente por corrupción hasta ahora.
Una investigación policial que culmina meses de trabajo
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, especializada en el desmantelamiento de tramas financieras complejas, ha sido el motor de esta investigación. Los agentes llevan meses acumulando documentación que apunta a la existencia de una red de sociedades instrumentales y presuntos testaferros destinada a introducir en el sistema financiero dinero de procedencia ilícita. Precisamente este martes, la UDEF ha puesto en marcha una nueva operación policial contra la trama, en lo que representa una nueva fase de las pesquisas.
La causa tiene su origen en diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en Plaza de Castilla, que posteriormente derivaron hacia la Audiencia Nacional, donde ahora se concentra la investigación principal.
Comisiones ilegales y fondos ocultos
Según las investigaciones, Zapatero se enfrenta, además del blanqueo de capitales, a otros delitos conexos que han ido aflorando a medida que la UDEF avanzaba en sus pesquisas. Los investigadores sospechan que el dinero presuntamente blanqueado procedería de comisiones cobradas de forma irregular a cambio de ejercer influencia ante instituciones y gobiernos, entre ellos el español, el venezolano y el chino.
Una parte de esos fondos habría tenido su origen en empresas españolas que buscaban acceder a contratos públicos, ayudas o información privilegiada a través de intermediarios con conexiones en el entorno del poder. Otro flujo, según las fuentes consultadas por los medios que han avanzado la noticia, estaría relacionado con el desvío de recursos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y con programas alimentarios vinculados al chavismo.
Plus Ultra, el eje financiero de la trama
El caso toma su nombre de la aerolínea venezolana Plus Ultra, beneficiaria en marzo de 2021 de una inyección de 53 millones de euros públicos a través de los fondos de rescate aprobados durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquella decisión generó en su momento una notable polémica política y judicial, y ahora se ha convertido en el núcleo de esta causa penal. Los investigadores sospechan que ese dinero público habría sido utilizado como vehículo para dificultar el rastreo de los fondos ilícitos.
Entre los imputados figura también Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, así como el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli. Ambos fueron detenidos en diciembre junto a otras personas relacionadas con la trama.
La sociedad Análisis Relevante y los pagos a la familia
Otra pieza clave de la investigación es la mercantil Análisis Relevante SL, señalada por haber recibido cuantiosas sumas de empresas privadas entre 2020 y 2025 en concepto de supuestos servicios de consultoría que los investigadores no han podido acreditar. La UDEF ha determinado que Zapatero y sus dos hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habrían percibido al menos 661.000 euros procedentes de esa sociedad durante ese periodo, presuntamente en concepto de trabajos de asesoramiento y comunicación digital.
Además, la investigación apunta a la existencia de patrimonio inmobiliario oculto a nombre de terceros y a fondos detectados en el extranjero atribuidos al expresidente socialista.
Detenidos y personas implicadas
La imputación de Zapatero llega varios meses después de los primeros arrestos. En diciembre, la UDEF procedió a la detención de varias personas del entorno investigado: Julio Martínez Martínez, descrito como amigo personal del expresidente y oriundo de Elda (Alicante), a quien se atribuye el papel de testaferro; el abogado Santiago Fernández Lena; el presidente y el consejero delegado de Plus Ultra; y el banquero peruano Luis Felipe Baca, entre otros.
La investigación también ha puesto el foco en correos electrónicos que situarían al directivo Javier de Paz como posible articulador de los pagos presuntamente realizados al expresidente y a su familia.
Un hito histórico en la democracia española
La imputación de Zapatero representa un momento sin parangón en los más de cuatro décadas de democracia en España. Ningún expresidente del Gobierno había comparecido jamás ante un juez en calidad de investigado por delitos de corrupción. La causa, que sigue abierta y en plena expansión judicial, enfrenta al que fue secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 a un proceso que trasciende el ámbito político para adentrarse de lleno en el terreno penal.