Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han comparecido ante el Tribunal Supremo para detallar sus hallazgos en la investigación que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García. Durante su testimonio, los investigadores han apuntado directamente a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, como la principal facilitadora para que Jésica Rodríguez, entonces pareja sentimental del exministro, consiguiera un puesto de trabajo en las sociedades estatales Ineco y Tragsatec.

La intermediación en las empresas públicas

Los efectivos del Instituto Armado aseguraron en sede judicial que la antigua responsable del gestor ferroviario era la persona a la que el entorno del exministro acudía para “arreglar todo”. Según los testimonios policiales, los informes de la investigación evidencian claramente cómo la contratación de la joven se canalizó a través de la mediación de Pardo de Vera. Con esta aseveración, la Guardia Civil ha respondido de forma contundente a las dudas planteadas por las defensas de los principales acusados, que cuestionaban la influencia de Ábalos y García en este proceso laboral.

El proceso de inserción en el sector público comenzó de forma atípica. Según consta en las pesquisas, fue Koldo García quien remitió el currículum de Rodríguez. El documento iba acompañado de una fotografía de la joven vistiendo un atuendo veraniego que, a ojos de los investigadores, se asemejaba a una prenda de lencería. Tras la realización de una entrevista, la joven logró incorporarse a Ineco y, más adelante, a Tragsatec.

Aunque la UCO ha logrado trazar toda la cadena de mensajes que posibilitó la llegada de la mujer a ambas entidades, los agentes reconocieron durante un tenso interrogatorio que todavía no han podido identificar qué directivos o personas concretas estamparon la firma final para formalizar su contratación. Como detalle adicional sobre presuntas anomalías en su desempeño laboral, los agentes destacaron unos mensajes en los que la propia empleada se quejaba de que su sueldo era escaso considerando que no acudía a trabajar.

El pago de inmuebles como presunto soborno

Más allá de los polémicos contratos en entes públicos, la Guardia Civil ha puesto el foco de su declaración en los beneficios en especie que disfrutó el entorno de José Luis Ábalos. La comparecencia sirvió para explicar que el empresario Víctor de Aldama habría sufragado el alquiler de un piso situado en las inmediaciones de la Plaza de España y la Gran Vía de Madrid, el cual fue habitado por Jésica Rodríguez entre febrero de 2019 y marzo de 2022.

El objetivo de esta maniobra inmobiliaria, según especificó un agente en el juicio, era lograr “comprar la voluntad del ministro”. El coste total del arrendamiento durante ese periodo ascendió a 88.100 euros. La mayor parte de esta suma, unos 82.000 euros, fue canalizada a través de Alberto Escolano. Escolano, socio de Aldama que habría actuado como testaferro, ya ha reconocido ante el Alto Tribunal haber efectuado el abono de dichas mensualidades. Los 6.000 euros restantes habrían sido aportados por el propio Koldo García y su hermano Joseba, utilizando para ello una cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la hija del exasesor, que en aquel momento apenas tenía un año de vida.

Por su parte, la defensa de García intentó desmontar la tesis del soborno y la contraprestación, argumentando ante el tribunal que el pago de la vivienda comenzó un año antes de que se produjeran las controvertidas adjudicaciones de contratos de material sanitario.

Horizonte judicial de los implicados

Las investigaciones sobre estos presuntos tratos de favor forman parte de un procedimiento penal más amplio, centrado en el supuesto cobro de comisiones ilegales mediante el amaño de contratos públicos de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Ante la gravedad de los hechos, las acusaciones solicitan penas que alcanzan los 30 años de prisión tanto para José Luis Ábalos como para Koldo García. En contraste, la petición de cárcel para el empresario Víctor de Aldama se reduce a siete años, al aplicársele la atenuante por su colaboración activa con la Justicia.