Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado ante el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama costeó el alojamiento de la entonces pareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, en el centro de Madrid. Esta maniobra, ejecutada de manera continuada entre principios de 2019 y 2022, habría tenido como fin principal garantizar una posición de influencia y comprar la voluntad del antiguo titular del Ministerio de Transportes.

El mecanismo de pago y los intermediarios

Según los datos expuestos durante la comparecencia judicial, el desembolso total por el arrendamiento del inmueble, situado en plena Gran Vía madrileña, ascendió a 88.100 euros. La inmensa mayoría de este importe, unos 82.000 euros, fue asumida por Alberto Escolano, socio de Aldama, quien admitió ante el Alto Tribunal haber realizado los pagos actuando como testaferro.

Los 6.000 euros restantes habrían sido canalizados por Koldo García, exasesor de Ábalos. Para abonar esta fracción del alquiler, los investigadores sostienen que García utilizó los fondos de su hermano Joseba y una cuenta bancaria a nombre de su hija, que en aquel momento apenas tenía un año de edad.

El objetivo real: “Comprar la voluntad”

Durante el proceso, la defensa de Koldo García argumentó que estos pagos de alquiler comenzaron casi un año antes de que se adjudicaran los polémicos contratos de material sanitario, cuestionando así que la vivienda fuese una contraprestación directa por dichas adjudicaciones.

No obstante, la UCO mantiene una postura firme al respecto: el propósito de asumir los gastos habitacionales de la pareja del exministro era abonar un peaje para asegurar la entrada directa a la cúpula del Ministerio. Un miembro del Instituto Armado subrayó que, mediante estas prácticas, el comisionista consideraba que iba a lograr tener “comprada la voluntad” de Ábalos.

Las pruebas documentales y las presiones cruzadas

Las autoridades también hicieron frente a las dudas planteadas por el abogado del exministro, quien cuestionó qué pruebas exactas vinculaban a su cliente con la financiación del inmueble. La Guardia Civil expuso que la propia Jésica Rodríguez se refería a la vivienda como su “casita de novios” en conversaciones con Koldo García, quien ejercía como solucionador de los problemas de la joven.

La implicación de Ábalos quedó de manifiesto a través de las diversas comunicaciones analizadas en la investigación. En una de ellas, el exministro exigió a Escolano que acelerara los trámites de la vivienda, proporcionándole el número de teléfono de su pareja junto a un revelador mensaje: “por favor, resuelve esto y seré tuyo para siempre”. En paralelo, García enviaba mensajes a la joven asegurándole que estaba intentando gestionar el asunto porque “el jefe” se lo pedía “en todo momento”.

Consecuencias penales y el contexto del sumario

Estos descubrimientos forman parte de una macrocausa que investiga presuntas comisiones irregulares por la adjudicación de contratos públicos, así como la supuesta contratación de personas afines en entes gubernamentales. Además del pago del alquiler, las diligencias apuntan a que el exministro y su asesor habrían recibido ingresos ilícitos de 10.000 euros mensuales por parte de Aldama durante, al menos, un año y medio.

A la luz de estas acusaciones, Ábalos y Koldo García se enfrentan a peticiones de condena que alcanzan los 30 años de prisión. Por su parte, Víctor de Aldama encara una solicitud de siete años de cárcel, una pena sensiblemente inferior gracias a la aplicación de un atenuante por su colaboración con la Justicia.