El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dado un paso al frente en el terreno judicial al interponer una demanda civil contra Víctor de Aldama, empresario y figura clave en la investigación por el cobro de comisiones. La acción legal fue formalizada el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. El fundamento de esta ofensiva judicial es la presunta vulneración del derecho al honor del alto cargo del Gobierno, motivada por unas recientes afirmaciones en las que el presunto conseguidor aseguraba falsamente que el ministro había intentado sobornarle a cambio de comprar su silencio.

Exigencias económicas y rectificación pública

El documento judicial detalla una serie de peticiones concretas por parte del ministro hacia el empresario. La principal reclamación económica asciende a 70.000 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, cantidad a la que habría que sumar los intereses legales que se devenguen del proceso.

Además de la compensación monetaria, la demanda exige que el presunto comisionista cese de manera inmediata la difusión de estas afirmaciones, ya sea en plataformas digitales, medios tradicionales o cualquier otra vía de comunicación. Asimismo, se solicita que, en caso de resultar condenado, el fallo de la sentencia sea publicado de forma obligatoria y específica en su perfil de la red social X (anteriormente Twitter), con el objetivo de restaurar públicamente la imagen del ministro.

Desvinculación absoluta y falta de pruebas

El texto de la demanda argumenta que las declaraciones vertidas por el empresario carecen de cualquier tipo de prueba o fundamento. Se califica la actuación de Aldama como una difusión de falsedades construida con un fin puramente espurio, buscando involucrar al responsable de Justicia en asuntos con los que no guarda ninguna relación.

Para sostener su posición, Bolaños subraya de forma categórica que jamás ha mantenido contacto alguno ni relación de carácter personal con el demandado, ni tampoco con su responsable de comunicación. De hecho, la representación legal del ministro minimiza las supuestas evidencias de la otra parte, recordando que la única aportación que utiliza el empresario es una fotografía fortuita tomada durante la celebración de un cumpleaños del exministro José Luis Ábalos.

El trasfondo judicial: la declaración en el Supremo

Esta demanda civil se produce poco después de que el empresario prestara declaración ante el Tribunal Supremo, en el marco de las pesquisas sobre el conocido como caso de las mascarillas.

Durante dicha comparecencia judicial, el investigado describió la supuesta existencia de una organización criminal jerarquizada, llegando a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el principal responsable, denominándolo “el uno”. Sin embargo, en esa misma sede judicial no realizó ninguna imputación directa contra el ministro de Justicia, a pesar de las acusaciones mediáticas posteriores que han terminado por propiciar esta respuesta en los tribunales.