La investigación sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, señala presuntas irregularidades en el mantenimiento de la infraestructura. Un reciente informe de la Guardia Civil remitido al juzgado advierte que los técnicos encargados de inspeccionar el estado de las vías no contaban con la experiencia mínima de dos años exigida para desempeñar dicha labor.

[IMAGEN 1: Fotografía de archivo de las vías del tren en el lugar del accidente o un recurso de un tren circulando por una línea de alta velocidad.]

Dudas sobre la cualificación técnica

Redalsa fue la compañía subcontratada para llevar a cabo la auscultación de los carriles. En junio de 2025, los trabajadores de esta firma inspeccionaron el tramo donde posteriormente se produjo el siniestro, otorgando la calificación de «aptas» a las 114 soldaduras revisadas en la zona, incluida la que presuntamente originó la tragedia. Sin embargo, el Instituto Armado ha puesto en tela de juicio la fiabilidad de este examen.

Según las pesquisas, los dos operarios que figuran en el parte de revisión carecían del tiempo de experiencia requerido por la normativa y por las propias exigencias del contrato. Ante la falta de esta acreditación, las autoridades continúan realizando gestiones para esclarecer si el personal estaba verdaderamente capacitado. El uso de los equipos de ultrasonido es una tarea técnica vital, ya que permite detectar fisuras internas en el metal que resultan invisibles desde el exterior y que, de no controlarse, pueden provocar roturas repentinas.

Un contrato millonario con notas deficientes

La empresa encargada de la supervisión, que a su vez está participada en un 52% por la entidad pública Adif, recibió este encargo en noviembre de 2022 para un periodo de cuatro años. Redalsa se presentó como único postor al concurso público y logró la adjudicación por un valor de 9,7 millones de euros.

El proceso de evaluación de esta oferta presenta datos llamativos. Los documentos del expediente muestran que la adjudicataria apenas obtuvo 1,4 puntos sobre 3 en el apartado de «calidad», llegando a recibir una mayor valoración por su plan de actuaciones ambientales que por sus garantías de calidad técnica. A pesar de esta baja calificación, los responsables de la evaluación dieron luz verde a la propuesta, catalogándola como «correcta» y «suficiente», y formalizaron el acuerdo en enero de 2023.

Falta de registros y fallos de seguridad

A las deficiencias contractuales se suma la opacidad en los resultados concretos de la inspección. Cuando los investigadores de la Guardia Civil solicitaron los datos informáticos arrojados por el análisis de ultrasonidos, la empresa alegó no disponer de registros digitales con los datos brutos. Según argumentó la compañía, la normativa de Adif solo obliga a registrar los defectos detectados y no la totalidad de las mediciones de la prueba. Redalsa defendió que la validez del examen quedaba garantizada por la propia certificación de sus técnicos, algo que los investigadores ahora rebaten. Asimismo, el Ministerio de Transportes ha declinado hacer pública el acta de esta revisión, catalogándola como «documento reservado».

Las consecuencias de que una soldadura defectuosa pase desapercibida resultaron letales. La investigación ha determinado que el carril llegó a fracturarse 22 horas antes del fatal descarrilamiento. Pese al largo tiempo transcurrido desde la rotura, ningún sistema de alarma se activó. Esto se debe a que Adif no exigió en sus especificaciones técnicas que el sistema de seguridad estuviera diseñado para detectar automáticamente la fractura de la vía.