Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han mostrado un rechazo unánime y contundente ante la propuesta de regularización extraordinaria de inmigrantes pactada recientemente por el PSOE y Podemos. Las organizaciones policiales denuncian que la medida responde a un «cálculo político» del Gobierno para asegurar apoyos parlamentarios, ignorando las graves consecuencias operativas y los riesgos para la seguridad ciudadana que, aseguran, conllevará su implementación.

Según las estimaciones adelantadas por la formación morada, este proceso podría regularizar la situación de cerca de medio millón de personas residentes en España. Sin embargo, desde las fuerzas de seguridad advierten que el plan carece de los medios de refuerzo necesarios para llevarse a cabo de forma segura.

Colapso administrativo y falta de medios

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que tilda el acuerdo de «irresponsabilidad absoluta». La organización sostiene que el Ejecutivo pretende trasladar toda la carga administrativa a la Policía, agravando la presión en unas fronteras y servicios que ya se encuentran saturados. «Es una regularización masiva sin medios», sentencian, alertando de que se pone en riesgo la seguridad nacional.

En la misma línea, Jupol ha advertido sobre el inminente «colapso» en las oficinas de Extranjería. El sindicato muestra su preocupación por el impacto operativo, señalando que tareas críticas como la tramitación de solicitudes, la revisión de situaciones administrativas y la verificación de identidades recaerán sobre unidades que ya están desbordadas en la mayor parte del territorio nacional.

La brecha de seguridad: antecedentes penales vs. policiales

Uno de los puntos más críticos señalados por los agentes es la exigencia de carecer de antecedentes penales firmes para acceder a la regularización. Jupol explica que este requisito es insuficiente para garantizar la seguridad, ya que «no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales».

Los representantes de los agentes argumentan que una persona detenida recientemente por hechos graves podría no contar aún con antecedentes penales debido a los tiempos de la justicia, ya que muchos procedimientos tardan meses o años en resolverse. Esto podría permitir que individuos con un historial delictivo activo, pero sin sentencia firme, regularicen su situación.

Efecto llamada y beneficio para las mafias

Más allá de los problemas burocráticos, los sindicatos coinciden en el peligroso mensaje que esta medida envía al exterior. Tanto el SUP como Jupol alertan de un «efecto llamada directo e inmediato». Denuncian que decisiones de este calado suponen un «balón de oxígeno» para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos, cuyo negocio se ve incentivado por las expectativas de regularización.

El SUP, además, ha respondido a las acusaciones de «racismo institucional» vertidas desde sectores de Podemos contra la Policía, señalando que el resultado de estas políticas es el abandono institucional de los agentes y el beneficio de las redes criminales.

Ruptura con la estrategia europea

Por su parte, el sindicato CEP ha puesto el foco en la dimensión internacional de la medida. Consideran que el Gobierno rompe con dos décadas de consenso en materia de extranjería y sitúa a España en una posición contraria a la estrategia impulsada por Europa.

«Esta medida nos aleja del consenso europeo sobre la gestión de flujos migratorios basada en el orden y la previsibilidad», apuntan desde CEP. El sindicato argumenta que la elección de la ruta migratoria está directamente relacionada con las oportunidades que ofrece el país de acogida para permanecer en suelo europeo. A su juicio, aprobar esta reforma perjudicará gravemente la lucha policial contra las mafias y compromete la firmeza necesaria en el control de fronteras.