El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se enfrenta a una nueva polémica tras la decisión de otorgar protección policial a la analista y colaboradora de televisión Sarah Santaolalla. Esta medida ha generado un profundo malestar entre las principales agrupaciones sindicales de la Policía Nacional, concretamente Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes han emitido duras críticas contra la gestión de los recursos de seguridad pública. La controversia surge poco después de que Santaolalla denunciara haber sido víctima de una agresión física a las puertas del Senado, señalando como responsable al activista de extrema derecha Vito Quiles por presuntos delitos de lesiones y acoso.

Contraste con las resoluciones judiciales

El principal punto de fricción que subrayan los representantes policiales es la aparente contradicción entre la protección otorgada por el departamento de Interior y las recientes decisiones tomadas en los tribunales. Apenas unos días antes de que se implementara este dispositivo de seguridad, el juzgado encargado de instruir el caso de la presunta agresión rechazó la petición de la analista de imponer una orden de alejamiento contra el denunciado. La magistrada fundamentó su negativa argumentando que, tras analizar los hechos, no se apreciaba la existencia de un riesgo objetivo que hiciera necesaria la adopción de dicha medida cautelar.

A pesar de este revés judicial, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió una orden directa para garantizar la protección de la colaboradora televisiva. Las directrices, transmitidas a finales de la semana pasada a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, movilizaron a la Brigada Central de Escoltas para establecer un perímetro de seguridad en torno a la figura pública.

No obstante, el dispositivo diseñado no contempla una escolta ininterrumpida. Los agentes asignados tienen la instrucción de acompañar a la analista política de manera puntual, focalizando su labor de protección exclusivamente cuando esta deba asistir a eventos de carácter público o en situaciones donde se prevea una gran aglomeración de personas.

La exigencia de transparencia y los informes técnicos

Para los sindicatos mayoritarios, la situación constituye un escenario inaceptable. En sus comunicados, han calificado la dotación de este servicio como un absoluto escándalo, exigiendo a las autoridades que hagan públicos los criterios que han motivado esta decisión. En concreto, demandan acceso a los informes técnicos de evaluación de riesgos que, según la normativa vigente, deben avalar cualquier despliegue de medios públicos con fines de protección personal.

Desde el SUP hacen hincapié en que los protocolos internos de la institución son muy estrictos a la hora de conceder escoltas. La reglamentación estipula que este tipo de medidas excepcionales solo deben activarse cuando existan indicios claros de un peligro inminente y grave contra la integridad física, la vida o la libertad de un ciudadano, o en su defecto, cuando una valoración técnica especializada lo recomiende explícitamente.

Al tratarse de recursos policiales que son por naturaleza limitados, las agrupaciones sindicales consideran imperativo que se justifique de manera transparente qué parámetros concretos se han cumplido en este caso para autorizar el servicio. Además, han solicitado información detallada sobre el número exacto de efectivos involucrados en el operativo y exigen saber si, para conformar este equipo de protección, se ha tenido que retirar a policías de otras unidades operativas.

El colapso en la protección de víctimas vulnerables

El enfado de la plantilla no se enmarca únicamente en el caso particular de Santaolalla, sino que se nutre de un contexto de plantillas muy ajustadas y escasez de medios en diversas áreas del cuerpo. La comparación que más indignación ha suscitado es la crítica situación que atraviesa la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Los agentes de la UFAM, encargados de velar por la seguridad de las víctimas integradas en el Sistema VioGen, llevan tiempo alertando de una carga de trabajo inasumible. Según las cifras aportadas por las organizaciones sindicales, la falta de personal ha derivado en escenarios donde un único policía se ve obligado a gestionar el seguimiento y la protección de decenas de mujeres simultáneamente. En los casos más críticos, esta ratio llega a superar la alarmante cifra de un agente por cada cien víctimas con protección activa.

En este sentido, Jupol ha denunciado la situación, señalando que mientras faltan recursos para proteger a víctimas que ya han sido reconocidas por la justicia, el Ministerio decide destinar efectivos a funciones de escolta cuya necesidad valoran como cuestionable.

Por su parte, desde la Dirección General de la Policía han optado por el hermetismo. Ante las consultas sobre este despliegue, la institución se ha amparado en sus protocolos de confidencialidad, argumentando que no pueden informar ni hacer declaraciones públicas sobre operativas vinculadas a la protección de las víctimas.