La organización feminista Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha presentado este lunes una nueva herramienta digital destinada a monitorizar y denunciar las consecuencias de la aplicación de la conocida como ‘Ley Trans’. Se trata de un mapa interactivo que geolocaliza y detalla casos de varones que han modificado su sexo registral y que, según el colectivo, han utilizado la norma para obtener beneficios legales o eludir condenas, especialmente en el ámbito de la violencia machista.

Un registro contra la “opacidad” institucional

La iniciativa surge como respuesta a lo que la organización califica de “oscurantismo” por parte de las administraciones públicas. Según portavoces de la Alianza, el mapa busca suplir la falta de datos oficiales sistematizados sobre el impacto real de la autodeterminación de género.

La plataforma recopila más de 100 casos que ya han trascendido a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Cada punto en el mapa incluye una ficha con los pormenores del suceso y enlaza a las referencias periodísticas que acreditan los hechos. El objetivo es visibilizar cómo la norma, impulsada durante la anterior legislatura, estaría siendo utilizada para “sortear y pervertir” legislaciones diseñadas para proteger a las mujeres, como la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG).

Agresores y dilatación de penas

Entre los expedientes documentados en el registro se encuentran situaciones de diversa índole jurídica. El colectivo destaca casos de agresores sexuales, maltratadores y proxenetas de menores que, tras cometer los delitos, han acudido al Registro Civil para cambiar su sexo legal a mujer.

Uno de los efectos más denunciados es la confusión jurídica que esto provoca en los tribunales. El cambio de sexo registral ha servido en varias ocasiones para dilatar juicios por violencia machista, generando dudas sobre la competencia de los juzgados (si deben ser juzgados de violencia sobre la mujer o de instrucción ordinaria). Aunque la ley estipula que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos sobre delitos cometidos con anterioridad, la realidad procesal muestra que la maniobra logra entorpecer los procedimientos y, en ocasiones, revictimizar a las denunciantes.

Críticas a la falta de transparencia

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha criticado duramente la gestión de la información por parte del Gobierno. Tras realizar diversas consultas a través del Portal de Transparencia, denuncian que las instituciones admiten no tener los datos sistematizados, lo que impide conocer la dimensión real del fraude de ley.

Para las promotoras del mapa, esta carencia no es accidental, sino que responde a una “falta de voluntad política” para reconocer los fallos de diseño de la ley. Sostienen que hacer accesible esta información evidenciaría los riesgos de seguridad jurídica y social que implica la autodeterminación del sexo registral sin requisitos previos. La organización ha asegurado que el mapa es una herramienta viva y que se seguirá actualizando conforme salgan a la luz nuevos casos.