A través de un mensaje difundido en sus redes sociales a finales de abril, la madre de Noelia Castillo se ha dirigido expresamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar la abolición total de la actual Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Justo un mes después de que se aplicara el procedimiento de muerte asistida a la joven barcelonesa, su progenitora ha expuesto su rechazo frontal a la normativa, argumentando que su hija padecía únicamente trastornos mentales y lamentando que las instituciones le arrebataran a la familia la capacidad de velar por su bienestar.

Reclamación política y creación de una fundación

En su intervención, la madre interpela directamente a Feijóo solicitando que la ley “desaparezca completamente” para evitar que otras familias atraviesen por la misma situación y que “no haya más Noelias”. Como respuesta a la pérdida, ha anunciado su intención de constituir una fundación bautizada con el nombre de su hija. Esta entidad, para la cual asegura contar ya con asesoramiento legal pese a carecer de medios económicos de momento, tendrá como objetivo principal proteger a las personas diagnosticadas con enfermedades mentales, como el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), y brindar apoyo a sus familias.

Dudas familiares sobre el diagnóstico y el tratamiento médico

El testimonio cuestiona los criterios clínicos que avalaron el derecho a la muerte digna de la paciente. Según la versión de la progenitora, la joven no padecía una patología degenerativa ni terminal, sino afecciones psiquiátricas —específicamente TLP y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)— que, a su juicio, no habrían recibido el tratamiento adecuado ni en la red psiquiátrica ni en el sistema sociosanitario.

En este sentido, la madre rechaza que su hija sufriera un dolor crónico de la magnitud que se argumentó para aprobar el proceso. Destaca que, a diferencia de los pacientes oncológicos terminales, la joven no necesitó morfina, y relata que fue la propia paciente quien solicitó analgésicos más fuertes un año atrás, comenzando a utilizar parches de fentanilo apenas tres semanas antes de su fallecimiento. Asimismo, denuncia que el último alta psiquiátrica de la chica, cuando esta tenía 22 años, fue firmada por el padre a sus espaldas, un hecho que describe como el punto de inflexión en el que perdieron “la oportunidad” de encauzar su situación.

Por otro lado, expresa una profunda frustración ante el sistema legal y sanitario. Al ser su hija mayor de edad, se le denegó sistemáticamente el acceso al historial clínico y la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones. Denuncia que la resolución final recayó en un Comité de Garantías, situación que considera inaceptable al tratarse de una persona que, según ella, padecía graves trastornos mentales que le impedían decidir por sí sola.

Contexto del caso: la batalla judicial y la resolución clínica

Noelia Castillo recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026 en el Hospital Residencia Sant Camil, situado en la provincia de Barcelona. Su caso alcanzó una inmensa repercusión mediática y reabrió el debate social al tratarse de una de las solicitantes más jóvenes del país, culminando una dura batalla legal de 20 meses. El procedimiento se llevó a cabo tras agotarse y desestimarse todas las vías judiciales iniciadas por su padre, quien llegó a recurrir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar frenar la voluntad de la joven.

A pesar de las afirmaciones de la madre en el vídeo sobre la ausencia de enfermedades físicas, la documentación judicial facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que autorizó el procedimiento estableció un cuadro clínico distinto. La sentencia judicial del 14 de marzo de 2025 certificó que Noelia padecía una “lesión de médula espinal lumbar incurable y no rehabilitable” (paraplejia completa) resultante de un intento de suicidio en octubre de 2022, lo que le provocaba una pérdida casi total de autonomía y un sufrimiento físico y psíquico “constante e intolerable”. Además, los informes médicos que evaluaron a la joven concluyeron de forma unánime que sus trastornos de personalidad no afectaban a su capacidad de raciocinio ni a su voluntad, declarándola plenamente capacitada y consciente para solicitar la eutanasia.