Madrid. — La batalla legal en torno a las acusaciones contra Julio Iglesias ha dado un giro procesal controvertido. A pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decretó recientemente el archivo de la denuncia por falta de jurisdicción, han salido a la luz detalles sobre las maniobras previas del Ministerio Público que han indignado a la defensa del artista. Según informaciones recientes, la Fiscalía habría impedido a los letrados de Iglesias personarse en la causa y acceder al expediente, para acto seguido realizar interrogatorios secretos a las denunciantes, vulnerando presuntamente el derecho fundamental de defensa.
La cronología del “engaño”
Los hechos se precipitaron en la tercera semana de enero de 2026. La representación legal de Julio Iglesias solicitó formalmente acceder a las diligencias tras tener conocimiento de la denuncia presentada por dos ex trabajadoras del hogar —una fisioterapeuta y una empleada doméstica— que acusaban al cantante de supuestos delitos contra la libertad sexual y trato degradante cometidos en República Dominicana y Bahamas.
La respuesta de la Fiscalía fue negativa. El argumento esgrimido por la fiscal del caso fue estrictamente técnico: se aseguró a la defensa que el Ministerio Público se encontraba en una fase preliminar, limitándose a evaluar si los tribunales españoles tenían competencia territorial para investigar hechos ocurridos en el extranjero. Bajo este pretexto, se trasladó a los abogados que no era necesaria su presencia, ya que no se entraría a valorar el fondo del asunto ni la veracidad de los hechos.
Sin embargo, la realidad de las actuaciones contradijo esta versión. Apenas dos días después de negar el acceso a la defensa, la Fiscalía citó e interrogó a las dos denunciantes. Estas declaraciones tuvieron lugar los días 21 y 22 de enero, llevándose a cabo a espaldas de los abogados de Iglesias, quienes no pudieron estar presentes para repreguntar o detectar contradicciones en los testimonios.
Una maniobra cuestionada jurídicamente
Fuentes cercanas al caso califican esta actuación de “engaño procesal”. El argumento de la defensa es rotundo: para determinar la competencia territorial (es decir, si el caso corresponde a España o a República Dominicana) no es necesario interrogar a las víctimas sobre los detalles de las agresiones; bastaría con revisar la documentación de la querella y comprobar las fechas y lugares de los supuestos hechos.
Al proceder a los interrogatorios, la Fiscalía habría cruzado la línea de la mera comprobación jurisdiccional, entrando de facto en una investigación material sin las garantías debidas para el acusado. La jurisprudencia, tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, protege el derecho del investigado a participar en las diligencias de prueba, especialmente en las declaraciones testificales que puedan incriminarle.
El archivo inmediato y las “inconsistencias”
Lo sorprendente del caso es la rapidez de la resolución posterior. Tan solo un día después de finalizar estos interrogatorios secretos, el 23 de enero, la Fiscalía decretó el archivo de las actuaciones.
Este cierre abrupto ha llevado al entorno de Julio Iglesias a sospechar que, más allá de la falta de jurisdicción, los testimonios de las denunciantes no resultaron convincentes ante el Ministerio Público. Se ha filtrado que la defensa cuenta con abundante material probatorio —incluyendo mensajes de WhatsApp cordiales y agradecidos enviados por las denunciantes durante el tiempo de los supuestos abusos— que contradeciría la versión de un clima de terror o coacción.
Además, ha trascendido que una de las denuncias podría haberse fundamentado en informes médicos de dudosa procedencia, llegando a citarse el uso de inteligencia artificial (ChatGPT) para elaborar diagnósticos psicológicos como “sumisión forzada”, un detalle que habría restado credibilidad a la acusación.
El caso, que fue presentado por algunos medios como una “investigación de tres años”, ha quedado desactivado en España, pero deja tras de sí la sombra de una gestión fiscal que la defensa de Iglesias considera lesiva para sus derechos constitucionales.
Fuente: okdiario.com