MADRID, 30 de enero de 2026. — La Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso en la macrocausa que cerca al entorno del Gobierno. El juez Santiago Pedraz ha ordenado la apertura de una pieza bajo secreto de sumario para investigar los presuntos pagos del régimen chavista al PSOE. Esta nueva línea de investigación surge directamente de la declaración voluntaria de Víctor de Aldama, el considerado “nexo corruptor” de la trama, quien ha asegurado ante el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción poseer pruebas documentales de una financiación ilegal orquestada desde Venezuela.
Según fuentes jurídicas, el detonante de esta nueva investigación es un sobre con documentación confidencial que Aldama afirma haber recibido de manos de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, durante su polémico paso por España. El empresario ha revelado que dicho sobre, remitido originalmente por Manuel Quevedo Fernández —entonces presidente de la petrolera estatal PDVSA y ministro de Petróleo—, contiene datos sensibles que acreditarían la inyección de fondos ilícitos tanto en las arcas del PSOE como en la Internacional Socialista.
Durante su comparecencia de este jueves, en el marco de la causa sobre el fraude de hidrocarburos, Aldama ofreció entregar esta documentación a la Justicia como parte de su estrategia de colaboración para reducir una posible condena. El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, interrogó específicamente sobre la existencia de este material, cuya fecha de emisión data del 4 de febrero de 2020, apenas unas semanas después del encuentro en el aeropuerto de Barajas conocido como ‘Delcygate’.
La gravedad de las acusaciones ha llevado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a decretar el secreto de las actuaciones. El objetivo es blindar las pesquisas que ya está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza no solo la veracidad de los documentos físicos prometidos por Aldama, sino también transferencias y flujos de dinero que podrían corroborar la tesis de la financiación extranjera.
Además de la conexión venezolana, Aldama aprovechó su declaración para ratificar la existencia de entregas de dinero en efectivo a altos cargos. Aunque desmintió haber entregado personalmente 90.000 euros en la sede de Ferraz —como había señalado otra testigo—, sí admitió haber actuado de intermediario para hacer llegar sobres con cantidades oscilantes entre los 40.000 y 50.000 euros a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
La apertura de esta pieza separada añade una presión significativa al Ejecutivo, dado que la investigación ya no se limita a mordidas por contratos de mascarillas o fraudes en el IVA de hidrocarburos, sino que escala a la posible financiación ilegal del partido del Gobierno por parte de una potencia extranjera. Aldama, que ya pasó un mes en prisión preventiva, parece dispuesto a “tirar de la manta” completamente a cambio de beneficios penitenciarios, poniendo en jaque la estabilidad política de la legislatura.
Se espera que en los próximos días la defensa de Aldama materialice la entrega del “sobre de Delcy” en sede judicial, un movimiento que podría precipitar nuevas citaciones de alto nivel en la Audiencia Nacional.