El artista español Julio Iglesias avanzará por la vía judicial contra elDiario.es, su director Ignacio Escolar y varios periodistas de la cabecera, tras finalizar sin acuerdo un acto de conciliación celebrado recientemente. El equipo legal del cantante formalizará una querella por injurias con publicidad y calumnias, motivada por la publicación de una serie de informaciones que vinculan al intérprete con presuntos delitos de abuso sexual y explotación. Además, la documentación presentada abre la puerta a que se contemplen otros posibles ilícitos penales.

El desencuentro definitivo se materializó en el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid. Durante este trámite procesal, habitual antes de interponer una querella, los representantes legales del periódico digital rechazaron retractarse de las informaciones difundidas, así como aceptar las condiciones exigidas por el entorno del cantante para paralizar el litigio. Ante esta rotunda negativa, la defensa de Iglesias tiene vía libre para formalizar la demanda ante los tribunales.

Exigencias de la defensa y compensación económica

El abogado encargado de representar al cantante, José Antonio Choclán, ha preparado un escrito que contempla la petición de una indemnización económica. Aunque la cuantía exacta está aún por determinar, se prevé que sea una cifra significativa. Más allá del resarcimiento financiero, la acción legal exige la eliminación completa del material periodístico cuestionado. Esta petición engloba tanto las noticias escritas alojadas en la página web del medio como todos los episodios del pódcast titulado La casa de Julio Iglesias.

Paralelamente, el equipo jurídico pretende que los demandados reconozcan explícitamente el daño provocado a los derechos fundamentales del artista, haciendo hincapié en el derecho al honor, la propia imagen, la intimidad personal y familiar, y la presunción de inocencia. También solicitan que se establezca un compromiso en firme para paralizar la difusión de cualquier futura información que pueda lesionar la reputación pública de Iglesias.

Acusaciones de “campaña de desprestigio”

El núcleo del conflicto legal reside en una serie de reportajes de investigación que abordan una denuncia por supuestos abusos sexuales, la cual habría sido interpuesta por dos antiguas empleadas de la residencia que el artista posee en República Dominicana. Según argumenta la defensa del cantante, dicho caso ya había sido archivado previamente por la Fiscalía correspondiente.

Para los abogados de Iglesias, las publicaciones exceden los límites del derecho a la información, ya que sostienen que el periódico no se limitó a informar sobre la existencia de una denuncia, sino que presentó su contenido como si se tratara de hechos confirmados judicialmente. En el escrito legal, argumentan que se imputan al artista delitos de extrema gravedad, tales como explotación laboral, trata de seres humanos y delitos contra la libertad sexual, basándose en testimonios no acreditados por la justicia.

En este sentido, el entorno del intérprete califica toda la cobertura de “montaje periodístico” y denuncia que forma parte de una “campaña de desprestigio” orquestada en su contra. El escrito de Choclán subraya que los hechos se han difundido de manera “deliberada, reiterada y sistemática”. Además, acusan al medio de emplear recursos narrativos y audiovisuales específicos, como recreaciones dramatizadas, con el único objetivo de maximizar el impacto público de la historia y socavar el prestigio personal y profesional del artista.