El titular del juzgado encargado de la investigación ha emitido un auto que marca un punto de inflexión en el proceso judicial contra Begoña Gómez. El juez ha determinado que la causa se tramitará mediante el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, unificando en una sola pieza los cinco delitos que se investigan: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Los tres implicados en la causa han sido convocados para comparecer el próximo 1 de abril de 2026 a las 12:00 horas.
Redacción del auto y origen de la causa
Este nuevo paso judicial se produce después de que, en enero de 2026, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid anulara una serie de resoluciones previas. Esta decisión obligó al juez instructor a retrotraer las actuaciones a la fase de diligencias previas, argumentando que los hechos presuntamente delictivos no estaban detallados con la suficiente claridad.
En cumplimiento con ese mandato, el magistrado ha redactado un extenso auto de 46 páginas en el que desgrana minuciosamente cada uno de los indicios que considera constitutivos de delito. Con esta argumentación, el juez busca respaldar la verosimilitud de las acusaciones para cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995.
La cátedra en la Complutense y el papel del rectorado
El instructor sitúa como eje vertebrador de la causa la condición de la principal investigada como esposa del presidente del Gobierno, cargo asumido el 2 de junio de 2018. El juez considera que esta posición institucional es un factor trascendental para justificar la relación personal que exige el Código Penal a la hora de tipificar el tráfico de influencias. A partir de ese momento, su trayectoria profesional experimentó un ascenso calificado de inmediato y significativo. Tras solicitar una excedencia en 2018 del Grupo Inmark —donde trabajaba en consultoría y marketing sin poseer un grado universitario oficial—, pasó a dirigir el IE Africa Center en agosto de ese mismo año.
Posteriormente, en 2020, promovió la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Durante la fase de instrucción, el entonces rector de la universidad, Joaquín Goyache, admitió haberse desplazado en persona al Palacio de la Moncloa para mantener una reunión privada con ella y abordar diversos proyectos. En su resolución, el magistrado cuestiona si el máximo representante de la universidad habría acudido al domicilio de cualquier otro ciudadano bajo circunstancias similares. A esto se suma la declaración del ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, quien afirmó haber recibido el encargo directo del rector de crear una cátedra para la esposa del presidente mediante un procedimiento inusitadamente rápido.
Licitaciones bajo sospecha e informes de auditoría
La investigación también profundiza en la adjudicación de dos contratos públicos emitidos por la entidad estatal Red.es en el año 2021. Las licitaciones, valoradas en 7,77 millones y 4,4 millones de euros, recayeron sobre una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por The Valley Digital Business School e Innova Next SLU, esta última vinculada al empresario investigado Juan Carlos Barrabés. Durante el proceso de adjudicación, la UTE presentó una carta firmada por Begoña Gómez donde expresaba explícitamente su respaldo a dicha candidatura.
Un informe elaborado por la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) el 30 de mayo de 2025 puso de manifiesto irregularidades relevantes en estos expedientes. La auditoría destacó un uso desproporcionado de criterios subjetivos de evaluación, opacidad en los trámites y la eliminación de metadatos, factores que habrían beneficiado de forma indebida a la UTE ganadora.
El uso de recursos públicos y la apropiación de software
Otro de los pilares del auto judicial se centra en la figura de Cristina Álvarez, quien formaba parte del personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Pese a percibir un salario público que sumó más de 400.000 euros brutos entre 2018 y 2025, el magistrado subraya su dedicación continuada a labores de la cátedra ajenas a sus competencias institucionales. Entre estas actividades destacan la interlocución con la universidad para registrar software informático, la gestión de convenios con gigantes corporativos como Google, Indra o Deloitte, y su presencia en más de diez actos privados a lo largo de cinco años.
En relación con el software desarrollado bajo el amparo de la universidad, la resolución detalla que el programa acabó alojado en una web cuyo dominio fue registrado por Begoña Gómez en julio de 2023, junto con la marca “Transforma TSC”. En noviembre de ese mismo año, constituyó una sociedad limitada bajo esa misma denominación, erigiéndose como administradora y socia única. La Universidad Complutense, afirmando ignorar estos movimientos corporativos, solicitó información en enero de 2026 para defender su patrimonio, asegurando haber desembolsado un mínimo de 108.765,79 euros para la programación de dicha herramienta. La plataforma web fue finalmente inhabilitada en septiembre de 2024, poco después de que comenzaran las diligencias judiciales.
Un escenario judicial sin precedentes
El objetivo principal de este último auto es acreditar la verosimilitud de las infracciones penales planteadas. La decisión de elevar la causa a un Tribunal del Jurado dibuja un escenario inédito en la historia democrática reciente del país: la posibilidad de que sean doce ciudadanos anónimos, elegidos por sorteo, quienes determinen finalmente la inocencia o culpabilidad de la cónyuge de un presidente del Gobierno en ejercicio. Todas las miradas se dirigen ahora a los juzgados, donde la jornada del 1 de abril se perfila como una fecha clave para el devenir del caso.