El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha dictado este martes un auto clave para esclarecer el reparto de responsabilidades tras el trágico hundimiento de la pasarela peatonal en la playa de El Bocal, que el pasado 3 de marzo provocó la muerte de seis personas. Según la resolución, la magistrada concluye que la Demarcación de Costas en Cantabria —órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica— era la única administración con el deber y la competencia para garantizar la conservación adecuada y el mantenimiento de la estructura siniestrada.

Imputación de dos responsables técnicos de Costas

A raíz de las diligencias practicadas, la autoridad judicial ha acordado iniciar la vía penal contra dos altos funcionarios adscritos al organismo estatal. La medida se dirige, en concreto, contra el actual jefe del Servicio de Proyectos y Obras, así como contra el director técnico que supervisó el proyecto de la senda costera diseñado en 2014, quien ostenta también la jefatura de la propia Demarcación.

El escrito judicial, contra el que cabe recurso, pone el foco de atención sobre las intervenciones de mejora acometidas en la zona recientemente. La jueza instructora advierte de que la reparación llevada a cabo en la estructura de madera durante el verano de 2024 pudo haber sido “insuficiente”. A juicio de la magistrada, esto fundamentaría los indicios de negligencia por parte de las figuras encargadas de proyectar y dar el visto bueno a dichas obras en un tramo que, a efectos formales, se consideraba una obra no finalizada.

Prevención de riesgos y papel del Ayuntamiento

Aunque el auto exime al Ayuntamiento de Santander de la carga de mantener la estructura de forma rutinaria, la magistrada lanza un recordatorio importante sobre la prevención de riesgos locales. El documento subraya que cualquier administración municipal, ante la detección de un peligro inminente para la ciudadanía, tiene el deber inexcusable de acordonar y precintar el área afectada, con independencia de a quién pertenezca la titularidad de los terrenos o de la obra.

Por ello, el juzgado ha solicitado a la Policía Judicial que busque documentación gráfica sobre el estado previo de la madera y que localice a paseantes habituales para determinar si el deterioro físico de los materiales era visible antes del accidente.

Contexto: un proyecto envuelto en disputas institucionales

La resolución judicial se produce tras semanas de intensa polémica política. Desde el momento del derrumbe, las administraciones central y local han mantenido un cruce de reproches sobre quién debía velar por la seguridad del puente. El Consistorio santanderino siempre ha defendido que nunca recepcionó la obra debido a que el proyecto original de la senda costera quedó paralizado por la fuerte oposición ciudadana.

Al margen de esta decisión que sitúa la responsabilidad civil y penal del mantenimiento sobre el Estado, la causa mantiene abiertas otras líneas de investigación. Entre ellas, la citación de agentes de la Policía Local de Santander y operadores del servicio 112, con el objetivo de aclarar por qué no se cerró el paso pese a que existieron avisos ciudadanos alertando del evidente mal estado de la pasarela apenas horas antes de que la madera cediera bajo el peso de las víctimas.