El juzgado que instruye las presuntas irregularidades en la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP) en el complejo residencial ‘Les Naus’, situado en la alicantina Playa de San Juan, ha dado un paso decisivo en el avance de la causa. La magistrada titular ha dictado una providencia por la que acuerda la citación en calidad de investigadas de quince personas. Todos ellos deberán comparecer ante la justicia a lo largo de los próximos meses de mayo y junio para esclarecer el procedimiento que rodeó la entrega de estos inmuebles.
Altos cargos, técnicos y promotores bajo la lupa
La lista de comparecientes conforma un abanico que abarca tanto la esfera administrativa local y autonómica como el sector privado vinculado al proyecto. Entre los principales nombres citados por el juzgado destaca el de la antigua responsable de Urbanismo del consistorio alicantino, Rocío Gómez, así como la exdirectora general y responsable del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.
Las diligencias también requieren la presencia de un arquitecto de ámbito municipal y apuntan a la gestión privada del complejo, llamando a declarar al administrador único de Fraorgi, la entidad encargada de gestionar la cooperativa que promovió la edificación.
Un perfil clave en esta ronda de interrogatorios será el actual jefe de la Sección de Vivienda Protegida, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. Este funcionario autonómico acudirá como investigado tras haber sido expedientado de forma preventiva por la Generalitat, que le aplicó una suspensión temporal de empleo y sueldo motivada por su participación directa en los visados otorgados a esta promoción inmobiliaria.
Diez adjudicatarios investigados y un amplio desfile de testigos
Más allá de los responsables del diseño, control y aprobación del proyecto, el foco judicial se amplía a los receptores finales de los inmuebles. Según ha trascendido desde instancias judiciales, otras diez personas, beneficiarias directas de la adjudicación de nueve de las viviendas bajo sospecha, también han sido imputadas formalmente en la causa y tendrán que dar explicaciones sobre las condiciones de su acceso a la protección pública.
Paralelamente a las imputaciones, la magistrada ha fijado las comparecencias de siete testigos con perfiles eminentemente técnicos y directivos, cuyo testimonio será vital para comprender la trazabilidad de los expedientes. Por parte del gobierno autonómico, testificarán el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, junto a altos cargos y técnicos de Emergencia Habitacional, Arquitectura y Administración General. Desde la vertiente municipal, aportarán su versión la responsable de Gestión Patrimonial, un técnico adscrito a esa área y el arquitecto principal encargado del Departamento Técnico de Control de Obras.
El peso de la Fiscalía Anticorrupción
El impulso procesal de estas quince imputaciones y siete testificales responde directamente a las solicitudes formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que asume el liderazgo de la acusación pública en la investigación.
En el marco de estas decisiones procesales, la juez instructora ha tenido que pronunciarse sobre la postura de la acusación popular, ejercida por la formación política Ciudadanos. Este partido había solicitado que el jefe de Sección de Vivienda Protegida compareciera únicamente en calidad de testigo. Sin embargo, la magistrada ha denegado esta petición, respaldando así el criterio del Ministerio Público, que aprecia indicios suficientes de presunta implicación penal por parte de este trabajador de la Generalitat en los hechos que se investigan, obligándole a acudir asistido por un abogado.