La reubicación del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) en el entorno de la Algameca, en Cartagena, ha desencadenado una creciente ola de críticas y movilizaciones sociales en el municipio. Lejos de apaciguar la presión asistencial, la medida ejecutada en el año 2024 ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las políticas de recepción en el sureste peninsular y su impacto directo en la seguridad de los barrios afectados.

Un antiguo responsable policial cuestiona la estrategia

Damián Romero, comisario jubilado de la Policía Nacional con una extensa trayectoria al frente del cuerpo en la ciudad portuaria, ha calificado recientemente el traslado de las instalaciones a la Algameca como un “error gravísimo”. En sus valoraciones públicas, el exmando policial ha reconocido que lo que en su momento llegó a defender como una posible solución técnica ha resultado ser, en la práctica, una “mala decisión”. Según su perspectiva, la nueva ubicación no ha logrado mitigar los desafíos logísticos, sino que ha agravado las problemáticas asociadas a las llegadas de inmigración irregular y ha facilitado el margen de maniobra operativo de las mafias.

Aumento de la conflictividad vecinal

El malestar es especialmente palpable entre los residentes de la zona, quienes aseguran que sus áreas residenciales se están degradando. Los vecinos han venido denunciando un incremento notable de incidentes en el barrio desde que se materializó el traslado. Entre las quejas más recurrentes se encuentran las ocupaciones de inmuebles, robos y altercados en la vía pública. Además, fuentes del ámbito policial han alertado sobre una proliferación de plantaciones ilegales de marihuana en este mismo entorno, un fenómeno delictivo que se habría disparado coincidiendo con el aumento de la población en la zona.

Frente a las acusaciones de intolerancia por parte de algunos sectores, los manifestantes que han salido a las calles defienden que sus protestas responden estrictamente a una cuestión de “sentido común” y no a actitudes xenófobas. El objetivo principal de las movilizaciones es exigir a las instituciones unas fronteras y unos barrios seguros.

Presión sobre los recursos y debate político

Cartagena se mantiene como uno de los principales focos de recepción de migrantes llegados en pateras y cayucos a las costas de la Región de Murcia. Este flujo constante ha provocado situaciones de desbordamiento en infraestructuras como el propio CATE o el antiguo Hospital Naval, este último habilitado de forma provisional como un macroalbergue para acoger a las personas recién llegadas.

Esta coyuntura está requiriendo un desembolso de fondos públicos significativo en partidas de manutención, atención, traslados y seguridad. Paralelamente, se advierte de una creciente saturación en los servicios públicos ordinarios del municipio, señalando un impacto directo en las aulas escolares y en el alargamiento de las listas de espera de la sanidad local.

[IMAGEN 3: Gráfico de barras que muestre la evolución de las llegadas a la costa murciana en los últimos meses, o en su defecto, una imagen de la fachada del antiguo Hospital Naval]

En el terreno político, la gestión de esta crisis ha polarizado profundamente las posturas. Mientras un sector critica la política de “acogida humanitaria” del Gobierno central por considerarla descontrolada, formaciones conservadoras como VOX han reclamado la aplicación de medidas contundentes. Entre sus exigencias destacan un control fronterizo total, la ejecución de deportaciones inmediatas y la eliminación de subvenciones que, a su juicio, generan un “efecto llamada”. La exigencia de un cambio de rumbo en las políticas gubernamentales se ha convertido en el clamor de una parte de la ciudadanía cartagenera que pide a las autoridades actuar de inmediato.