Este martes, poco después de las diez de la mañana, la antigua cúpula de la organización terrorista ETA ha visto cómo una de sus máximas representantes, Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, salía por las puertas del centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián. La exdirigente se beneficia de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Se trata de un régimen de semilibertad, concedido por el Gobierno Vasco, que le permite abandonar la cárcel de lunes a viernes durante el día, con la única obligación de regresar a las instalaciones para pernoctar.
En el exterior del recinto penitenciario, un grupo conformado por una decena de personas aguardaba la salida de Iparraguirre. Estos acompañantes se desplegaron estratégicamente delante de ella para crear un escudo visual y bloquear así los objetivos de los medios de comunicación desplazados al lugar. Ataviada con unos pantalones vaqueros, una cazadora verde y ocultando su rostro tras unas gafas de sol oscuras, la exjefa de ETA intercambió abrazos con algunos de los presentes antes de introducirse en un automóvil y marcharse de la zona.
Para poder acogerse a este tipo de medidas de flexibilización penitenciaria, el marco regulador estipula que la persona interna debe presentar un «plan de ejecución». En dicho plan es imprescindible documentar de forma oficial que el tiempo fuera de prisión se destinará al desempeño de una actividad laboral o a la participación en programas de voluntariado, detallando de forma estricta los horarios de dichas ocupaciones.
Indignación entre las víctimas del terrorismo
La concesión del tercer grado a la exdirigente ha provocado una inmediata reacción de repulsa institucional. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han tildado la resolución de «escandalosa e injustificable». La organización ha puesto el foco en la crudeza del pasado de la terrorista, denunciando que posee un «historial criminal de extrema gravedad». A Iparraguirre le constan condenas que suman un total de 793 años y ocho meses de cárcel, además de estar directamente vinculada con la comisión de 14 asesinatos.
La aplicación de este régimen a ‘Anboto’ se suma a otros casos recientes que también han generado controversia. El pasado mes de febrero, el Ejecutivo autonómico vasco otorgó idéntica semilibertad a otro antiguo líder militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias ‘Txeroki’. Una decisión que, al igual que ahora, suscitó profundas críticas y el rechazo frontal por parte de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo.
El peso de ‘Anboto’ en la cúpula de ETA
Soledad Iparraguirre, que nació en el municipio guipuzcoano de Escoriaza en 1961, ha sido una de las piezas angulares en la historia del grupo terrorista. Su trayectoria en la clandestinidad se frenó en octubre de 2004, fecha en la que fue localizada y detenida por las fuerzas de seguridad francesas. El arresto se produjo en una casa situada en la localidad gala de Salis-de-Béarn, vivienda en la que residía desde hacía años junto a su hijo y a Mikel Albisu, alias ‘Antza’, quien ostentaba el liderazgo del aparato político de la organización.
En el momento en que las autoridades procedieron a su captura, ‘Anboto’ ocupaba presuntamente un puesto de alta responsabilidad estratégica: la dirección del aparato de extorsión de la banda terrorista. Años más tarde, ya privada de libertad, su jerarquía simbólica se reafirmó de manera pública. En 2018, la organización la eligió a ella y al también histórico dirigente Josu Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, para que pusieran voz al comunicado definitivo que certificó la disolución de ETA.