El comisario jubilado Segundo Martínez, considerado en círculos policiales como una figura de extrema confianza del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, intervino activamente para evitar el hundimiento profesional del recientemente dimitido director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, conocido en el cuerpo como ‘Jota’. González Jiménez renunció hace poco a su cargo como número dos de la Policía tras verse involucrado en un presunto delito de agresión sexual violenta.
El episodio que originó esta red de favores mutuos tuvo lugar hace años en un local de ocio nocturno y alterne de Valladolid, época en la que ambos mandos coincidieron destinados en Castilla y León. En aquel momento, Segundo Martínez era uno de los máximos responsables territoriales de la comunidad, mientras que ‘Jota’ aún se encontraba desarrollando su carrera sin haber alcanzado la cúpula.
Según fuentes internas conocedoras del caso, el incidente en el prostíbulo fue de tal magnitud que, de haber seguido los cauces disciplinarios ordinarios, la carrera de González Jiménez se habría visto seriamente comprometida. Fue la intermediación de Segundo Martínez la que logró frenar cualquier tipo de consecuencia administrativa.
A raíz de este episodio, se consolidó una estrecha relación entre ambos. La carrera de Segundo Martínez lo llevó a ser el jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), afianzando su influencia institucional. Por su parte, González Jiménez ocupó cargos de relevancia en Valladolid entre 2005 y 2014, hasta que en 2018 fue nombrado DAO por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El poder en la sombra y el control de las investigaciones
La jubilación de Segundo Martínez no significó su salida de la esfera de poder. Fuentes policiales le atribuyen el papel de un “referente en la sombra” con capacidad para “bendecir nombramientos clave” dentro del actual Ministerio del Interior. Bajo esta premisa, habría sido el propio Martínez quien impulsó la candidatura de González Jiménez para convertirse en el máximo responsable operativo del cuerpo, garantizándose así una línea de interlocución directa y leal en el escalafón más alto.
Esta situación también proyecta sombras sobre la imparcialidad en el tratamiento de investigaciones sensibles. Diversos investigadores detallan que existe una estricta cadena jerárquica que permite modular el alcance de ciertas operaciones. Los informes elaborados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) deben pasar primero por el comisario responsable de la unidad, Fernando Alonso, quien los eleva al comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual. El último filtro de esta cadena recalaba directamente en la Dirección Adjunta Operativa, dirigida por González Jiménez.
En medio de este rígido control interno, fuentes policiales subrayan que la presencia de la UDEF en las principales causas judiciales ha ido menguando de manera progresiva, delegando el peso de las grandes investigaciones de corrupción en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.