La defensa de Begoña Gómez ha presentado su escrito de conclusiones provisionales solicitando la libre absolución de la investigada en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. El abogado de la esposa del presidente del Gobierno, el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene en un documento de 23 páginas que ninguno de los hechos investigados —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación— tiene encaje penal, por lo que defiende que no debe imponerse pena ni sanción de ningún tipo.

El argumento central: una relación con la Complutense anterior al cargo de Sánchez

El eje de la estrategia defensiva descansa en la cronología. Camacho subraya que la vinculación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se remonta a 2012, un período en el que, según la defensa, Pedro Sánchez no ejercía ninguna responsabilidad pública. Sin embargo, este argumento presenta matices relevantes: el actual jefe del Ejecutivo había ocupado ya un escaño en el Congreso de los Diputados entre 2009 y 2011, y antes había sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde 2004 hasta 2009. Regresaría al Parlamento en enero de 2013.

Según el escrito, entre 2012 y 2022 Begoña Gómez participó en distintos másteres de la institución académica, como el de Fundraising y el de Transformación Social Competitiva. Por esa actividad docente percibió 39.188 euros a lo largo de una década, una cantidad reconocida por la propia universidad. La defensa aclara que este importe no está vinculado a la dirección de la cátedra extraordinaria, cargo por el que, según Camacho, su clienta no recibió retribución económica alguna.

La cátedra extraordinaria y la singularidad del nombramiento

Uno de los puntos más polémicos del caso es la dirección de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva, que Begoña Gómez asumió en 2020. La defensa alega que este término fue ideado por ella misma y que no existía registro previo alguno en la universidad. Peinado, por su parte, sostiene en sus autos que la investigada se benefició de la posición de su marido para obtener ese puesto.

Un dato singular complica la lectura del expediente: Begoña Gómez es la única persona que dirige una cátedra en la Complutense sin contar con titulación universitaria. Para sortear ese requisito, la institución designó a un codirector en igualdad de rango y condiciones. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declaró ante el juez que se desplazó a la sede de la Presidencia del Gobierno a finales de julio de 2020 para tratar el asunto.

La defensa sostiene que las acusaciones han mantenido su posición “con finalidades espurias o instrumentales ajenas al interés de la Justicia”.

Petición de costas y denuncia del daño reputacional

El escrito va más allá de la solicitud de absolución. Camacho reclama que se condene en costas a las acusaciones —Manos Limpias, Hazte Oír y Vox— por haber actuado, según la defensa, con temeridad y mala fe. En su argumentación, el letrado denuncia el perjuicio reputacional infligido a su clienta y considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Hacia un juicio con jurado popular

Si la causa llega a juicio oral, Begoña Gómez será juzgada por un tribunal popular. El juez Peinado propuso esta fórmula en septiembre de 2025, extendiéndola posteriormente a todos los delitos imputados. Los jurados populares existen en España desde 1995, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado con el respaldo del PSOE, IU y los partidos nacionalistas. Desde entonces, el índice de sentencias condenatorias dictadas por esta vía alcanza el 89,9%.

La defensa propone que durante el juicio declaren 34 testigos, entre ellos el rector de la Complutense, ex vicerrectores, colaboradores de la investigada, varios empresarios y agentes de la UCO de la Guardia Civil. También solicita que se incorporen informes periciales y diversas pruebas documentales.

Antecedentes: de la denuncia de Manos Limpias al juzgado

La investigación se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia interpuesta por la organización Manos Limpias. Más tarde se sumaron querellas presentadas por Hazte Oír y Vox. El juez Peinado indaga sobre la actividad profesional de Begoña Gómez con distintos empresarios, su relación laboral con la UCM y la posible malversación vinculada a la contratación como asistente en Moncloa de Cristina Álvarez, quien también figura como investigada en la causa. La Audiencia Provincial de Madrid ya corrigió al magistrado en octubre al rechazar su intención de dividir el caso en varias piezas separadas, lo que le llevó a unificar todas las investigaciones.