En la noche de este viernes, el centro de Madrid volvió a ser escenario de una marcha convocada por la Falange y otros grupos de ultraderecha. Coincidiendo con las fechas próximas al 20 de noviembre, día de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y del dictador Francisco Franco —de cuyo fallecimiento se cumplen 50 años este 2025—, los manifestantes clamaron contra la Constitución y el sistema democrático actual.

La manifestación, que conectó la calle Ferraz con la zona de Moncloa, transcurrió en un clima de tensión política y ha derivado en la apertura de expedientes sancionadores por parte del Gobierno debido a las proclamas lanzadas.

Desarrollo de la marcha y proclamas

Según datos de la Delegación del Gobierno, la asistencia rondó las 700 personas. Los asistentes, portando banderas con el yugo y las flechas y otros símbolos preconstitucionales, entonaron el Cara al Sol y realizaron saludos fascistas frente al Arco de la Victoria.

Sin embargo, el foco de la polémica este año no solo se centró en la exaltación del franquismo. Durante el recorrido se escucharon consignas que atacaban directamente al “Régimen del 78”, calificándolo de “genocida”, y se profirieron cánticos de corte racista y xenófobo, tales como “España cristiana y no musulmana”, además de ataques directos contra la inmigración.

La respuesta del Gobierno y posibles sanciones

Tras el análisis de las imágenes y los atestados policiales, el Ejecutivo ha confirmado que estudia imponer sanciones. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Delegación del Gobierno están evaluando si los hechos constituyen una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática vigente.

Las autoridades investigan dos vertientes sancionables:

• Exaltación del golpe de Estado y la dictadura: El uso de simbología y cánticos que enaltecen a dirigentes de la dictadura.
• Delitos de odio: Las proclamas racistas podrían derivar en acciones penales o multas administrativas severas, al considerar que atentan contra la dignidad de colectivos vulnerables.

El contexto judicial: ¿Por qué no se prohibió?

En las horas previas a la marcha, existía un debate sobre la legalidad de la convocatoria. Diversas asociaciones habían solicitado su prohibición preventiva. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó los recursos para impedirla.

La Justicia argumentó que el derecho de reunión es fundamental y que no se puede ejercer una censura previa basada en sospechas de lo que podría ocurrir. El tribunal señaló que la prohibición solo cabe si existen razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, derivando la responsabilidad de sancionar a posteriori si se cometieran actos ilícitos durante el transcurso de la misma, tal y como está evaluando ahora el Gobierno.