El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Durante su intervención, el exlíder socialista ha calificado de “falsedades” las acusaciones que lo vinculan con el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha negado tajantemente haber conversado con cargos públicos o haber actuado como “facilitador” en dicha operación.
Sin embargo, Zapatero sí ha reconocido que percibe una media de 70.000 euros anuales por sus labores como consultor en Análisis Relevante. Esta sociedad es propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, quien fue detenido el pasado mes de diciembre por el presunto “uso indebido” de los fondos públicos que la aerolínea recibió en 2021. Los investigadores sospechan que este empresario, que ha cobrado 650.000 euros de Plus Ultra en los últimos seis años, podría actuar como presunto testaferro del expresidente.
Además, Zapatero ha especificado que el acuerdo alcanzado con Martínez incluía que una empresa perteneciente a sus hijas se hiciera cargo de las labores de marketing.
La investigación de la UDEF y un viaje a Arabia Saudí
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene el foco sobre los movimientos del expresidente. Las sospechas policiales apuntan a que Zapatero podría haber intercedido ante el Gobierno a favor de Plus Ultra, recibiendo a cambio unos 550.000 euros en concepto de “consultorías globales”.
En este contexto, la UDEF investiga un viaje de urgencia que el expresidente realizó a Arabia Saudí apenas cuatro días después de que se produjera la detención de la cúpula directiva de Plus Ultra en diciembre. Los agentes buscan en el país asiático posibles movimientos bancarios inusuales que pudieran estar relacionados con el rescate de la compañía. Según los detalles de la investigación, el viaje duró menos de 24 horas y no constaba en ninguna agenda pública. Zapatero voló en primera clase de una línea regular, con ropa informal y equipaje ligero, acompañado por tres escoltas.
Tensión política en vísperas electorales
La comparecencia en la Cámara Alta se produce en un momento político de alta tensión, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Durante la sesión, Zapatero se ha quejado de que su citación se realizó por vía de urgencia y “sin motivación”, argumentando que esta forma de proceder incumple la doctrina europea, especialmente al afectar a derechos fundamentales.
Por su parte, el Partido Popular insiste en vincular al expresidente con el rescate de la aerolínea. La formación ha anunciado que reclamará las últimas declaraciones del IRPF de Zapatero (quien afirma que todos los pagos fueron declarados a Hacienda), así como sus declaraciones de bienes inmuebles en España y en el extranjero, y cualquier copia de las comunicaciones mantenidas con las autoridades de Venezuela respecto a Plus Ultra.
Tensión política en vísperas electorales
El epicentro de la polémica sigue siendo la ayuda de 53 millones de euros de dinero público que el Gobierno concedió a Plus Ultra en marzo de 2021. Hasta el momento, la compañía únicamente ha devuelto nueve millones de euros correspondientes a los intereses. La UDEF considera que la aerolínea carece de la “capacidad financiera” necesaria para reintegrar el préstamo en su totalidad. La empresa tiene la obligación de devolver 19 millones de euros de un préstamo ordinario antes de que finalice este año, y otros 34 millones correspondientes a un préstamo participativo con vencimiento en 2028.
Pese a las dudas policiales, el presidente de Plus Ultra, Javier Martínez Sola —que también fue detenido en diciembre y se encuentra en libertad con medidas cautelares—, defendió la legalidad del proceso durante su paso por la misma comisión del Senado. Aunque se negó a responder a las preguntas de los senadores por su condición de investigado, Martínez Sola leyó un alegato inicial en el que aseguró que “no hubo procedimiento excepcional, ni trato de favor ni injerencias indebidas”. “Nadie nos ha regalado nada”, insistió el directivo, recordando que la ayuda superó las revisiones del Tribunal de Cuentas y de la justicia sin que se observara “ninguna irregularidad”, y lamentando que se estén difundiendo “conjeturas” como si fueran “certezas”.