La vicepresidenta segunda y titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aseverado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la modificación legal para instaurar un nuevo modelo de control horario verá la luz de forma ineludible. La responsable de Trabajo ha lanzado un mensaje contundente durante la sesión de control, llegando a afirmar que logrará la aprobación de esta medida “aunque sea lo último que haga”.

La ratificación de este compromiso gubernamental se produce como respuesta a las inquietudes planteadas por el diputado de ERC, Jordi Salvador. Durante su intervención en la Sesión Plenaria, el parlamentario independentista cuestionó el futuro de la nueva normativa de registro tras conocerse la postura desfavorable emitida por el Consejo de Estado, una situación que atribuyó a un supuesto boicot interno originado en el Ministerio de Economía.

El mandato europeo como principal aval

Ante el panorama de incertidumbre jurídica, la ministra ha recordado que el endurecimiento del registro de jornada no es una decisión aislada del Ejecutivo, sino una obligación que emana de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las autoridades comunitarias exigen a los Estados miembros la implementación de sistemas que permitan medir el tiempo de trabajo con herramientas eficaces, objetivas y verificables.

Por ello, la titular de Trabajo ha insistido en que esta directriz comunitaria es parte de un acuerdo consolidado del Gobierno y se materializará independientemente de si prosperan o fracasan otras reformas laborales. En este punto, advirtió que el registro horario se ejecutará incluso si formaciones como Junts, el Partido Popular y Vox deciden bloquear en la cámara la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Díaz no ha dudado en tildar de “muy grave” la resolución del Consejo de Estado, criticando que su dictamen se sostenga en los informes elaborados por la cartera de Economía. Asimismo, acusó a este órgano de alinearse con los intereses de una patronal a la que responsabiliza de incumplir sistemáticamente los límites de la jornada laboral y de eludir la compensación de las horas extraordinarias. En este sentido, ha dejado claro que su departamento no ejercerá de cooperador necesario para aquellas empresas que vulneran los derechos laborales básicos.

El horizonte de un “despido restaurativo”

El debate parlamentario también ha servido para abordar una de las reformas más esperadas en el ámbito sociolaboral: el coste del despido en España. A instancias nuevamente de la formación republicana, que reclamaba el fin del cese laboral “libre y barato”, Díaz ha admitido de forma abierta que la normativa española actual está vulnerando las directrices de la Carta Social Europea.

Como ejemplo de esta disfunción en el mercado laboral, la vicepresidenta ha ilustrado que prescindir de una trabajadora —como podría ser una cajera— con apenas un año de antigüedad supone un desembolso aproximado de 1.400 euros para la empresa. Una cantidad que, a su juicio, demuestra que despedir resulta prácticamente “gratis”, en contraposición a las posturas defendidas por las formaciones de derecha y extrema derecha.

Para revertir esta anomalía y encarecer los despidos injustificados, el Ministerio de Trabajo se encuentra a la espera de recibir las propuestas formales de las distintas organizaciones sindicales. El objetivo a medio plazo es diseñar y aplicar una figura de “despido restaurativo” que ajuste plenamente la legislación laboral del país a la legalidad y a los estándares de protección exigidos en el marco europeo.