Este lunes, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio que investiga el caso ‘Kitchen’. Durante su comparecencia, la antigua alta ejecutiva ha rechazado tajantemente tener cualquier tipo de responsabilidad o conocimiento previo sobre la presunta red parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior, cuyo fin habría sido sustraer información comprometedora al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, sobre la contabilidad paralela de la formación.

Negativa constante ante las acusaciones

A lo largo del interrogatorio, la exdirigente ha mantenido una postura firme para desvincularse por completo del operativo. Ha argumentado que durante su etapa en el Gobierno no tuvo ninguna constancia de que se estuviera llevando a cabo dicha operación, ni recuerda haber emitido directriz alguna desde la Secretaría de Estado de Información —órgano entonces adscrito a su Ministerio de la Presidencia— para indagar sobre la situación procesal o los documentos del extesorero.

Ante las preguntas formuladas por las acusaciones ejercidas por el Partido Socialista y Podemos, las respuestas de Sáenz de Santamaría se han ceñido a fórmulas evasivas, afirmando repetidamente que no recordaba los hechos, que no tenía constancia de ellos o que eran cuestiones ajenas a sus competencias ministeriales. En este sentido, ha sostenido que todo lo que sabe acerca de los ‘papeles de Bárcenas’ y de las maniobras para intentar mitigar el impacto de los escándalos de corrupción en plena investigación del caso Gürtel lo averiguó a través de las noticias publicadas en los medios de comunicación.

El papel del CNI y los fondos reservados

Uno de los momentos clave del testimonio ha girado en torno a la financiación de esta trama policial encubierta, la cual presuntamente recurrió a dinero público para pagar al que fuera chófer de la familia Bárcenas. Al ser interrogada sobre el posible uso de estas partidas confidenciales, la exvicepresidenta ha vuelto a escudarse en que su gestión no entraba dentro de sus atribuciones gubernamentales.

Dado que en aquel momento el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encontraba bajo su mando directo, se le preguntó si los servicios secretos españoles habían desempeñado algún rol en el seguimiento al extesorero. Sáenz de Santamaría ha sido rotunda, afirmando que el CNI gestionaba sus propios gastos reservados y negando “en absoluto” cualquier tipo de participación de la inteligencia del Estado en el espionaje.

Desfile judicial de la antigua cúpula del Ejecutivo

El testimonio de la que fuera ‘número dos’ del gabinete conservador se enmarca dentro de una intensa ronda de declaraciones de la antigua cúpula política. El tribunal intenta esclarecer hasta qué punto las altas esferas del Gobierno y del partido estaban al corriente de este dispositivo parapolicial diseñado para torpedear la investigación judicial.

Su declaración se produce escasos días después de que otras figuras clave de la época también pasaran por el mismo estrado. Hace menos de una semana, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exministra de Defensa y ex secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, testificaron ante los magistrados para ofrecer su versión sobre esta crisis que sacudió los cimientos de la organización.