Doce días después de la mayor tragedia ferroviaria de la última década en España, la herida de Adamuz (Córdoba) sigue abierta y sangrando, no solo por el insoportable duelo de las familias, sino por la creciente sensación de abandono institucional. Este viernes, la tensión ha alcanzado su punto álgido tras la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en el Senado para dar explicaciones directas sobre el siniestro que costó la vida a 45 personas, una decisión que ha sido interpretada por las víctimas y la oposición como una “huida” de sus responsabilidades.

“No estáis solas”: una promesa cuestionada

Aunque el Ejecutivo ha reiterado desde el primer momento que el Gobierno “asume toda la responsabilidad” y que las familias “no están solas”, los hechos de las últimas 48 horas han sembrado la desconfianza. La ausencia de Sánchez en el funeral oficial y su falta de comparecencia en la Cámara Alta han sido recibidas como un jarro de agua fría por las asociaciones de afectados.

Representantes de las familias han expresado su malestar en diversos medios, lamentando que las palabras de consuelo no se traduzcan en una presencia real del líder del Ejecutivo en los momentos más duros. “Necesitamos respuestas, no delegaciones”, claman desde el entorno de las víctimas, que exigen saber con exactitud qué falló en la línea de alta velocidad aquella tarde del 18 de enero. La percepción de soledad aumenta a medida que el foco político se desplaza de la ayuda humanitaria a la confrontación parlamentaria.

Ofensiva total de la oposición

El Partido Popular ha elevado el tono este viernes, acusando frontalmente a Pedro Sánchez de “falta de sensibilidad y coraje”. Desde la sede de Génova, se ha criticado que el presidente prefiera “esconderse en La Moncloa” en lugar de dar la cara ante las familias y las Cortes Generales.

La estrategia del Gobierno ha sido blindar al presidente y ceder el protagonismo de la gestión de la crisis al ministro de Transportes, Óscar Puente. Puente, quien sí compareció para desgranar la cronología del accidente, ha defendido la actuación técnica y humana de su departamento. Sin embargo, para la oposición y para una parte de la opinión pública, la magnitud de la tragedia —con casi medio centenar de muertos— requería un gesto de Estado en primera persona que, a juicio de sus críticos, no se ha producido.

Un duelo politizado

Mientras en Madrid se cruzan acusaciones de “despotismo” y “uso partidista” del dolor, en Adamuz y en los lugares de origen de los fallecidos, el silencio pesa más que el ruido político. Las familias, atrapadas en medio del fuego cruzado, insisten en pedir que no se utilice a sus muertos como arma arrojadiza, pero mantienen firme su exigencia: quieren que quien ostenta la máxima responsabilidad del país les mire a los ojos y les explique por qué sus seres queridos no volvieron a casa.

Por ahora, la única respuesta que han obtenido es el compromiso técnico de una investigación en curso y el eco de una silla vacía en el Senado.