Madrid, 6 de diciembre de 2025. — La celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados ha estado marcada este año por una crisis interna que sacude los cimientos éticos del PSOE. En una conversación informal con periodistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido “en primera persona” la responsabilidad por la gestión deficiente de las denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor de Moncloa.

Sánchez ha calificado lo ocurrido como un “error no premeditado” y ha negado rotundamente que existiera una “voluntad de encubrir” al exdirigente. Sin embargo, las explicaciones llegan en un momento de alta tensión dentro de las federaciones socialistas, donde los chats de las responsables de Igualdad arden ante lo que consideran una traición a los principios feministas del partido.

El “ofuscamiento” del sistema y las víctimas olvidadas

El escándalo estalló tras conocerse que el partido no atendió adecuadamente las denuncias presentadas el pasado mes de julio contra Francisco Salazar. Según las informaciones reveladas, dos mujeres tramitaron denuncias anónimas a través de los canales oficiales del partido. Sin embargo, durante cinco meses, Ferraz no contactó con ellas.

La versión oficial apunta a fallos técnicos y burocráticos. Se ha alegado que el sistema informático se “ofuscó” y que, dado que Salazar ya no militaba en el partido en ese momento, se consideró que “no procedía investigar”, lo que llevó a que las denuncias quedaran prácticamente borradas del sistema.

Sánchez ha intentado rebajar la presión sobre la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, atribuyendo el fallo a la “falta de experiencia” de la Comisión Antiacoso, un órgano creado específicamente para este caso. “Nunca se ha dudado de las víctimas”, aseguró el presidente, lamentando que estas mujeres se hayan sentido desatendidas.

Indignación en las filas de Igualdad

A pesar de las disculpas presidenciales, el malestar es palpable. Diversas fuentes señalan que en los grupos de comunicación internos de las responsables de Igualdad del PSOE se vive un clima de “guerra, decepción e ira”. La comparativa con el reciente caso de Íñigo Errejón es inevitable: se acusa a la estructura del partido de operar con un mecanismo que, en la práctica, ha silenciado a las víctimas y protegido a los agresores bajo la alfombra.

El perfil de las presuntas víctimas de Salazar —jóvenes, formadas y subordinadas laboralmente— dibuja un patrón de abuso de poder que choca frontalmente con el discurso oficial del partido.

Un problema que se extiende: el caso de Torremolinos

La crisis no se limita a Madrid. Paralelamente, la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias por acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos. En este caso, aunque sí se inició una investigación interna, la víctima terminó recurriendo a la justicia ordinaria ante la falta de una resolución satisfactoria por parte del partido.

Fin de una época

La acumulación de estos casos ha generado una sensación de “fin de época” entre algunos sectores de la opinión pública y la militancia. Pedro Sánchez, quien a menudo ha denunciado la “máquina del fango” externa, se enfrenta ahora a un fango que brota de sus propias filas. La promesa de un partido implacable con el machismo se ve cuestionada por una gestión que, según sus críticos, ha fallado a las “nuevas Nevenkas” del siglo XXI, dejándolas en el olvido burocrático.

El Gobierno intenta ahora cerrar la brecha, asegurando que no se ha ordenado contratar a la empresa constituida por Salazar y reiterando su compromiso con las víctimas, aunque para muchos dentro y fuera del partido, la reacción llega demasiado tarde.