MADRID, 3 de febrero de 2026. — El Gobierno de España ha anunciado este lunes la aprobación inminente de una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida de gran alcance con la que el Ejecutivo busca frenar el deterioro de la salud mental entre adolescentes y reforzar la protección de la infancia en el entorno digital.
El anuncio ha sido realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia oficial, en la que ha calificado la situación actual como una “emergencia de salud pública”. “No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan la ansiedad, el acoso y los trastornos de conducta entre nuestros jóvenes. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés”, ha afirmado.
La nueva normativa elevará el umbral de acceso a las redes sociales hasta los 16 años sin posibilidad de autorización paterna, eliminando el marco actual que permite el uso a partir de los 13 o 14 años en muchas plataformas. El Ejecutivo pretende así establecer un “suelo digital obligatorio” común para todo el país.
Verificación de edad obligatoria para las plataformas
Uno de los ejes centrales de la ley será la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas. Empresas como Meta, ByteDance o X estarán obligadas a implantar sistemas de verificación de edad robustos y no manipulables, que garanticen que los usuarios cumplen con la edad mínima legal.
Según fuentes gubernamentales, estos mecanismos podrían apoyarse en soluciones de identidad digital como la Cartera Digital o sistemas vinculados al DNI electrónico, con el objetivo de verificar la edad sin comprometer la privacidad ni el anonimato de los usuarios adultos. Las plataformas que incumplan la normativa se enfrentarán a sanciones económicas multimillonarias, calculadas en función de su facturación global.
Apoyo social y advertencias técnicas
La medida ha sido recibida con satisfacción por asociaciones de familias, pediatras y profesionales de la psicología, que llevan años alertando del impacto del uso intensivo de redes sociales en menores. Diversos estudios recientes vinculan estas plataformas con un aumento de los trastornos de ansiedad, problemas de autoestima, ciberacoso y alteraciones del sueño en la adolescencia.
“El cerebro adolescente es especialmente vulnerable a los sistemas de recompensa que utilizan las redes sociales”, señalan expertos en salud mental infantil, que consideran necesaria una intervención normativa más firme.
No obstante, el anuncio también ha abierto un intenso debate. Especialistas en derechos digitales y educación tecnológica advierten de las dificultades técnicas para implantar una verificación de edad infalible y del riesgo de que los menores intenten eludir la prohibición mediante cuentas falsas o el uso de VPN. También alertan sobre posibles impactos en la privacidad si los sistemas de identificación no se aplican con suficientes garantías.
Desde la oposición política, aunque se comparte el diagnóstico sobre el problema, se ha pedido cautela en el desarrollo de la ley para evitar vulneraciones de derechos fundamentales y asegurar su viabilidad práctica.
España, a la vanguardia de la regulación digital
El anteproyecto de ley iniciará ahora su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, con el objetivo de que la prohibición sea efectiva antes de que finalice 2026. De aprobarse, España se situaría a la vanguardia de las políticas europeas de protección digital de menores, en línea con debates abiertos en otros países de la Unión Europea y con el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Más allá de la controversia, el anuncio ha puesto de nuevo en el centro del debate público una preocupación creciente: cómo equilibrar las oportunidades del entorno digital con la protección de los menores en una sociedad cada vez más hiperconectada.
El panorama digital en España está a punto de sufrir una transformación radical. En una comparecencia institucional realizada este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la intención del Ejecutivo de aprobar una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años en territorio nacional. La medida, descrita por Sánchez como “urgente y necesaria”, busca frenar el impacto negativo que estas plataformas están teniendo en el desarrollo y la salud mental de los adolescentes.
Una respuesta a la “emergencia de salud pública”
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha fundamentado esta drástica decisión en los crecientes informes de expertos en psicología y pediatría que alertan sobre una correlación directa entre el uso intensivo de redes sociales y el aumento de trastornos como la ansiedad, la depresión, los problemas de autoestima y el ciberacoso entre la población juvenil.
“No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras la salud mental de nuestros jóvenes se deteriora en una realidad virtual sin control”, ha aseverado Sánchez, calificando la situación actual de “emergencia de salud pública” que requiere una intervención estatal firme ante la inacción de las grandes tecnológicas.
¿Cómo funcionará el veto? Verificación biométrica y multas millonarias
El núcleo de la futura normativa no se basa en la supervisión parental, sino en impedir el acceso de raíz. Para ello, el Gobierno exigirá a plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat o X (anteriormente Twitter) la implementación de sistemas de verificación de edad “robustos e infalsificables”.
Según fuentes del Ministerio de Transformación Digital, ya no será suficiente con una simple declaración de fecha de nacimiento. Las compañías deberán integrar tecnologías avanzadas, que podrían incluir verificación documental oficial (DNI electrónico) o sistemas de reconocimiento biométrico con garantías de privacidad, para asegurar que ningún usuario por debajo del umbral de los 16 años pueda crear o mantener una cuenta activa.
El Gobierno ha advertido que la ley vendrá acompañada de un régimen sancionador severo. Las empresas tecnológicas que no cumplan con los requisitos de verificación o que permitan el acceso a menores se enfrentarán a multas multimillonarias, calculadas en base a un porcentaje de su facturación global, siguiendo el modelo de normativas europeas como el RGPD.
Reacciones encontradas ante una medida pionera
El anuncio ha generado un terremoto inmediato en diversos sectores. Asociaciones de familias y colectivos de docentes han recibido la noticia mayoritariamente con alivio, considerando que es una herramienta indispensable para ayudarles en la educación digital de los menores.
Sin embargo, la medida también plantea importantes desafíos técnicos y jurídicos. Expertos en derechos digitales expresan su preocupación por la privacidad de los usuarios adultos, que deberán ceder más datos personales para verificar su edad, y advierten sobre la posible ineficacia de los bloqueos ante el uso de VPNs u otras herramientas de elusión por parte de los adolescentes más versados en tecnología.
Se espera que el anteproyecto de ley sea presentado en el Consejo de Ministros en las próximas semanas, con el objetivo de que la prohibición sea efectiva antes de finales de 2026, situando a España en la vanguardia mundial de la regulación digital para menores.