El Gobierno de España ha dado un paso simbólico pero significativo en el rediseño del Estado del bienestar. El Consejo de Ministros ha aprobado la inclusión de una prestación universal por crianza, con una cuantía estimada de 200 euros mensuales por hijo, dentro de los 100 objetivos prioritarios de la renovada Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. La medida busca equiparar a España con la media europea y atajar las cifras alarmantes de pobreza infantil en el país.

La iniciativa, impulsada principalmente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, plantea que esta ayuda llegue al 100% de las familias con menores de 18 años a su cargo, independientemente de su nivel de renta. De materializarse, la prestación cubriría a más de ocho millones de niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

Un horizonte claro, pero sin fecha de ejecución

Aunque el objetivo ha quedado plasmado en la hoja de ruta del Ejecutivo, la incertidumbre rodea a los plazos de su ejecución real. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, y el de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, se califica la medida de “eficaz” y basada en la evidencia científica para erradicar la pobreza en los hogares.

Sin embargo, para que los 200 euros mensuales lleguen a los bolsillos de las familias, la medida debe traducirse en una partida presupuestaria. Sumar, socio minoritario de la coalición, presiona para que se incluya en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, la aritmética parlamentaria actual, con la necesidad de asegurar el apoyo de grupos como Junts, y la prudencia mostrada anteriormente por el Ministerio de Hacienda, complican un calendario inmediato.

El ministro Bustinduy ha expresado su confianza en que los próximos presupuestos den “pasos en esa dirección”, asegurando que existe conocimiento y capacidad de sobra para desplegar una ayuda que ya es una realidad en 17 países de la Unión Europea.

La financiación: el impuesto a los “ultrarricos”

Uno de los grandes interrogantes de esta prestación universal es su financiación. Para sostener el refuerzo del Estado social y medidas de este calado, Bustinduy ha defendido recientemente la aplicación de un gravamen del 2% anual a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros.

Según las estimaciones del Ministerio, este impuesto a las grandes fortunas podría recaudar hasta 5.200 millones de euros, una inyección de capital que el Gobierno vincula directamente a la lucha contra la desigualdad y a la viabilidad económica de la prestación por crianza.

España, a la cola de Europa en bienestar infantil

La urgencia de esta medida se sustenta en datos preocupantes. Según el último informe de UNICEF España, publicado el pasado noviembre, España ostenta la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea. Las cifras indican que el 29,2% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza; es decir, uno de cada tres menores reside en hogares cuyos ingresos son inferiores al 60% de la mediana nacional.

Hasta la fecha, las herramientas principales han sido la deducción reembolsable del IRPF y el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital. Aunque el Ejecutivo defiende que se ha avanzado mucho con estos mecanismos, reconocen la necesidad de dar un salto cualitativo hacia la universalidad para revertir la exclusión social hereditaria.

Además de la prestación por crianza, la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible contempla otras metas ambiciosas, como reducir la brecha salarial de género un 10%, triplicar la inversión pública en vivienda y promover la integración de personas con discapacidad en estudios superiores.