El enfrentamiento institucional entre el Senado y el Ejecutivo se intensifica. El Partido Popular ha anunciado que elevará el caso ante el Tribunal Constitucional si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparece en la Cámara Alta en el plazo de un mes para dar explicaciones sobre la situación de la red ferroviaria y los recientes accidentes.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado que su grupo parlamentario llevará al pleno del próximo 18 de febrero un “conflicto de atribuciones”. Esta medida responde a la incomparecencia de Sánchez en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el pasado 29 de enero, la cual había sido convocada específicamente para abordar las tragedias ferroviarias.

Un conflicto institucional sin precedentes

La maniobra de los populares marca un hito en la legislatura, ya que se trata del primer conflicto de atribuciones que afecta de manera directa al presidente del Gobierno. Aunque la Cámara Alta ya ha presentado recursos contra el Congreso de los Diputados en ocasiones anteriores, esta vez el objetivo es exigir la rendición de cuentas directa del jefe del Ejecutivo.

Desde el PP denuncian una situación de bloqueo sistemático: señalan que Pedro Sánchez lleva más de un año y medio sin asistir a las sesiones de control al Gobierno en el Senado. Según la oposición, esta actitud incumple el Reglamento de la Cámara, que estipula la obligación de comparecer al menos una vez al mes.

Acusaciones de “rebeldía constitucional”

El tono de la oposición se ha endurecido notablemente. Alicia García ha calificado la actitud del presidente como una declaración de “rebeldía parlamentaria y constitucional” frente a su obligación de rendir cuentas.

“La Constitución no es opcional, el control parlamentario no es una cortesía; es una obligación democrática”, sentenció la portavoz, advirtiendo que su formación utilizará todos los instrumentos políticos y judiciales para no quedarse “de brazos cruzados”.

Para el Grupo Popular, la ausencia de Sánchez el pasado enero no fue un problema de agenda, sino de voluntad política. García le ha reprochado que prefiriera quedarse “en el búnker de La Moncloa” antes que cumplir con su deber moral y legal, tildando su comportamiento de “abdicación moral” y acusándole de ser “insensible con las víctimas”.

La base jurídica del reclamo

El argumento jurídico que el PP presentará ante la Mesa de la Cámara Alta se sustenta en que la actitud del presidente impide al Senado ejercer una de sus funciones primordiales: el control al Gobierno, consagrado en el artículo 66.2 de la Constitución.

Asimismo, los populares recuerdan que el artículo 110.1 de la Carta Magna faculta a las Cámaras para reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. En el caso específico de la sesión fallida de enero, al tratarse de un periodo extraordinario, la solicitud se realizó cumpliendo los requisitos formales, avalada por la firma de la mayoría absoluta de los senadores.

Finalmente, el PP se aferra a la literalidad del artículo 182.1 del Reglamento, que utiliza la forma verbal imperativa “comparecerá” para referirse a la obligación del presidente de informar sobre un asunto determinado, interpretando que la norma no deja margen a la elección personal del mandatario.