Madrid, 26 de enero de 2026 – El Gobierno de coalición ha dado un giro inédito a la política migratoria nacional. Podemos y PSOE han cerrado este lunes un acuerdo para aprobar una regularización extraordinaria que beneficiará a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular, estableciendo unos requisitos de una laxitud sin precedentes en la administración española.
El anuncio, protagonizado por la secretaria política de Podemos, Irene Montero, confirma la aprobación inminente de un decreto que busca legalizar la situación de cualquier extranjero que se encuentre en España desde hace cinco meses (antes del 31 de diciembre de 2025), eliminando las trabas burocráticas que hasta ahora servían de filtro de control.
Adiós al requisito del padrón: papeles con una factura
El punto más polémico del acuerdo reside en la eliminación del empadronamiento como requisito indispensable para probar el arraigo. Hasta ahora, el padrón era la herramienta base de la administración para certificar la residencia real en un municipio.
Con la nueva norma, el Ejecutivo rebaja los estándares de control y aceptará “pruebas flexibles”. Bastará con presentar un informe de asistencia en la sanidad pública o una factura de suministros (luz, agua, telefonía) a nombre del solicitante para acreditar la estancia. Expertos en extranjería advierten de la dificultad de verificar la autenticidad de la residencia habitual bajo estos nuevos criterios, abriendo la puerta a posibles fraudes o al “turismo de regularización”.
Blindaje inmediato contra las expulsiones
El decreto no solo regulariza, sino que bloquea la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad en materia de extranjería. Según ha detallado Montero, la mera admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización provisional de residencia y trabajo.
Esto implica, en la práctica, la paralización inmediata de cualquier expediente de expulsión o devolución que estuviera en marcha. Una medida que, de facto, desactiva los mecanismos de retorno forzoso para medio millón de personas, independientemente de su situación previa, salvo casos penales graves, un matiz que no ha sido detallado en profundidad durante la comparecencia.
Riesgo de “efecto llamada”
Bajo la consigna de “papeles son derechos”, Montero ha defendido la medida como una respuesta política contra la derecha, asegurando que “frente al odio, derechos”. Sin embargo, el calado de la medida, que supera en cifras y facilidades a procesos anteriores vividos en España, plantea serias dudas sobre su sostenibilidad y el mensaje que envía al exterior.
La regularización de medio millón de personas de golpe, sumada a la facilidad de los trámites, sitúa a España como una excepción en el contexto europeo, donde la tendencia general es el endurecimiento de los controles fronterizos. Distintos sectores advierten ya de un potente efecto llamada para el futuro inmediato, al consolidarse la idea de que la entrada irregular deriva, en un corto plazo de tiempo y con requisitos mínimos, en la obtención de documentación legal.