La Ley de Memoria Democrática, aprobada en España en 2022, ha culminado su plazo de solicitud dejando una cifra histórica: alrededor de 2,45 millones de personas de todo el mundo han pedido la nacionalidad española al amparo de esta norma, y más de 306.000 ya la han obtenido. El proceso, que cerró su ventana de tramitación en octubre de 2025 tras una prórroga de un año sobre el plazo inicial de dos, representa uno de los procesos de naturalización masiva más grandes registrados en Europa en las últimas décadas.

Una ley pensada para reparar el exilio

La norma está orientada a quienes descienden de ciudadanos españoles que, por haber sufrido persecución durante la dictadura franquista, perdieron o renunciaron a su nacionalidad. La legislación contempla como causas de exilio razones políticas, ideológicas, religiosas o relativas a la orientación sexual. Además, incluye otra vía específica para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que fueron despojadas de su nacionalidad al contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, ha señalado que la tasa de denegaciones es muy baja, dado que la mayoría de quienes inician los trámites lo hacen con la certeza de cumplir los requisitos exigidos. Para Alonso, el volumen de solicitudes recibidas es, sin dudas, un éxito de la ley: desde el Consejo siempre han considerado a estos descendientes como españoles, aunque les faltara el reconocimiento jurídico formal.

Argentina, epicentro de las solicitudes

De todos los países del mundo, Argentina es el que concentra el mayor número de peticiones. Solo en la demarcación consular de Buenos Aires se han registrado en torno a 650.000 solicitudes, lo que convierte a las cinco oficinas consulares argentinas en las más demandadas del planeta en este proceso. A distancia, le siguen México, São Paulo, Cuba y Miami como los consulados con mayor volumen de tramitaciones.

En total, las cuatro principales oficinas consulares en Argentina han gestionado alrededor del 40% de todas las solicitudes presentadas a nivel mundial, lo que da cuenta de la magnitud de la diáspora española en ese país y de los vínculos históricos que mantiene con España.

Una red consular al límite

El aluvión de solicitudes ha tensionado severamente la red consular española en el exterior, que ya venía acusando el aumento de ciudadanos registrados fuera del país. Si en 2010 el número de españoles residentes en el extranjero era de 1,5 millones, hoy esa cifra asciende a 3,2 millones. Con la incorporación progresiva de todos los beneficiarios de la Ley de Memoria, las proyecciones apuntan a que el padrón de ciudadanos españoles en el exterior podría superar los cinco millones de personas.

Para hacer frente a este colapso administrativo, el Gobierno trabaja en la implementación de medidas de agilización que fueron planteadas directamente al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Una de las más inmediatas prevé la incorporación de una empresa externa de apoyo en cuatro de los cinco consulados argentinos, que se encargará de la recepción y digitalización de las solicitudes pendientes, mientras los propios consulados mantendrán el control sobre la resolución y la inscripción definitiva.

Un proceso en marcha con décadas de deuda histórica

La aplicación de la ley está llamada a cerrar, al menos en parte, una deuda pendiente con los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España durante uno de los períodos más oscuros de su historia reciente. Aunque el plazo para presentar solicitudes ya expiró, el proceso de resolución continuará durante los próximos años, y las autoridades competentes trabajan para garantizar que cada expediente reciba una respuesta administrativa en un tiempo razonable. El objetivo es que el vínculo jurídico se corresponda, por fin, con el vínculo histórico y familiar que estas familias nunca llegaron a perder.