Leire Díez, exmilitante del PSOE investigada por la Audiencia Nacional, ha solicitado formalmente al juez Santiago Pedraz el levantamiento del secreto que pesa sobre la causa en la que se le imputa el cobro de comisiones ilegales. En un recurso de reforma presentado ante el Juzgado Central de Instrucción, la defensa de Díez argumenta que la prórroga del secreto y el bloqueo de sus activos la han colocado en una situación de precariedad insostenible.

Según el escrito de su defensa, la medida cautelar de bloqueo de cuentas bancarias —que afecta tanto a Díez como a sus familiares y terceros vinculados— está impidiendo a la investigada “atender sus gastos más elementales”, citando expresamente la imposibilidad de costear la alimentación o garantizar el pago de los suministros de su vivienda habitual.

El movimiento de la defensa responde al auto dictado el pasado 9 de enero, mediante el cual el magistrado acordó prorrogar el secreto de las actuaciones. Esta investigación, que permanece oculta a las partes para evitar la destrucción de pruebas, indaga en una presunta red de corrupción dedicada al amaño de adjudicaciones públicas.

La trama ‘Hirurok’ y la conexión con la SEPI

La causa sitúa a Leire Díez en el centro de un presunto grupo criminal autodenominado Hirurok (‘Nosotros tres’ en euskera). Junto a ella figuran como investigados Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar.

Los investigadores sostienen que los tres habrían conformado una estructura para “orientar” diversos expedientes de la Administración pública aprovechándose de su capacidad de influencia y contactos políticos. El objetivo de estas maniobras habría sido la obtención de beneficios económicos ilícitos a través del cobro de “mordidas” o comisiones por su intermediación.

Las pesquisas apuntan a que la trama habría logrado influir en la adjudicación de contratos públicos, generando comisiones para el grupo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción rastrean operaciones que podrían haber reportado beneficios ilícitos significativos a los implicados, aprovechando la posición de Fernández al frente del holding público y las conexiones de Díez.

Citación de testigos y próximas diligencias

Mientras se mantiene el hermetismo sobre el grueso de las diligencias, ha trascendido que el juez Pedraz continúa recabando testimonios para esclarecer el alcance de la red. Entre las últimas decisiones destaca la citación en calidad de testigo de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, cuya declaración podría arrojar luz sobre el modus operandi de los investigados y sus niveles de acceso a la administración.

Por el momento, la situación procesal de Díez se mantiene inalterada, a la espera de que el magistrado decida si atiende la petición de desbloqueo parcial de fondos por razones humanitarias o si, por el contrario, prima la necesidad de asegurar las posibles responsabilidades civiles y el rastro del dinero presuntamente malversado.