El contenido del informe

La UCO detalla en su informe diversas comunicaciones internas que, según los agentes, muestran la intervención de Torres para desbloquear pagos pendientes a la empresa adjudicataria. Estas actuaciones habrían tenido lugar cuando ya existían dudas sobre la calidad del material entregado y sobre el cumplimiento del contrato.

Los investigadores apuntan asimismo a la influencia que habrían ejercido Koldo García, exasesor ministerial, y el empresario Víctor de Aldama en la administración autonómica canaria durante aquellas semanas de contratación urgente.

Declaraciones y citaciones judiciales

En el marco de la causa, el juez de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a varios de los investigados. Entre ellos figuran los presuntos intermediarios de la trama, cuya versión se considera clave para determinar la secuencia de hechos que rodeó la adjudicación.

La investigación también revisa si existió un posible uso de influencias para favorecer a empresas sin experiencia previa en el suministro sanitario, en un contexto de alta presión administrativa durante los meses más críticos de la pandemia.

Reacciones y respuesta del ministro

Ángel Víctor Torres afirma que no intervino en ninguna adjudicación y que sus gestiones se limitaron a resolver incidencias propias del contexto de emergencia. El ministro rechaza cualquier relación con pagos irregulares y defiende que todas las contrataciones se realizaron siguiendo los procedimientos establecidos para situaciones excepcionales.

Desde la oposición, se ha reclamado que Torres dé explicaciones detalladas ante el Parlamento y se aclare su posible papel en los pagos investigados. Dirigentes críticos sostienen que el informe de la UCO refuerza la necesidad de ampliar las responsabilidades políticas.