Madrid – La investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de corrupción en adjudicaciones públicas ha dado un nuevo paso significativo este jueves. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido en varias sedes de compañías relacionadas con la mercantil Servinabar, en busca de documentación que pueda esclarecer el alcance de las supuestas irregularidades.

Estas actuaciones no son hechos aislados, sino que forman parte de la misma causa que recientemente desencadenó la detención de Leire Díez, conocida exmilitante del PSOE, a quien se ha señalado en diversos círculos como una figura clave en la “fontanería” del partido.

El foco en la contratación pública

El operativo desplegado por la UCO tiene como objetivo recabar pruebas materiales y digitales que vinculen a estas sociedades con los delitos investigados. Según los datos trascendidos de la instrucción, las autoridades ponen la lupa en posibles amaños y desviaciones en procesos de contratación pública que habrían beneficiado a empresas específicas.

La entrada y registro en las empresas ligadas a Servinabar busca cerrar el cerco sobre el flujo de dinero y las decisiones administrativas que permitieron estas adjudicaciones bajo sospecha.

Detenciones de alto perfil

La operación ha cobrado especial relevancia política y mediática debido al perfil de los investigados. Además de Díez, las pesquisas también han alcanzado a Vicente Fernández, quien fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La vinculación de ex altos cargos y militantes con responsabilidades pasadas en la gestión pública sugiere que la investigación podría tener un recorrido largo en los tribunales. Por el momento, la causa permanece bajo secreto mientras los agentes analizan la documentación incautada en estos nuevos registros.