La vista preliminar del juicio por el conocido como ‘caso Mascarillas’ ha arrancado este jueves con una estrategia de defensa frontal por parte de los principales acusados. Koldo García, antiguo asesor ministerial, y el exministro José Luis Ábalos han solicitado un careo directo con el empresario Víctor de Aldama, someter a este último a la prueba del polígrafo y han intentado, sin éxito, recusar a la mayoría de los magistrados encargados de juzgarles.

La sesión, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha estado marcada por las peticiones de nulidad y las quejas de indefensión planteadas por las defensas. La letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha protagonizado los momentos más incisivos al solicitar medidas excepcionales para desmontar el testimonio de Aldama, el único de los acusados que ha reconocido los delitos y que colabora con la justicia a cambio de una reducción de pena (se enfrenta a siete años frente a los treinta que piden para los ex cargos de Transportes).

Rechazo inmediato a la recusación

En un movimiento coordinado, las defensas solicitaron apartar a cinco de los siete miembros del tribunal, incluyendo al presidente de la Sala, Manuel Marchena, y a Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general nombrado por el PP.

Sin embargo, el tribunal ha cortado de raíz esta pretensión tras un receso de apenas 15 minutos. El magistrado Martínez Arrieta ha rechazado la recusación calificándola de «extemporánea». El tribunal argumenta que, según el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo para estas reclamaciones es de diez días desde que se conoce la composición de la sala, hecho que ocurrió el pasado 14 de enero.

La batalla por la competencia: rumbo a la Audiencia Nacional

El núcleo de la estrategia jurídica de Ábalos y García se centra en sacar la causa del Tribunal Supremo. Ambos letrados insisten en que el Alto Tribunal ya no es competente para juzgar los hechos, dado que José Luis Ábalos renunció a su acta de diputado y perdió su condición de aforado.

El abogado del exministro, Marino Turiel, ha argumentado que mantener el juicio en el Supremo priva a su cliente del derecho a la «doble instancia» (la posibilidad de recurrir la sentencia ante un tribunal superior), lo que le genera una situación de desigualdad frente a otros investigados en la Audiencia Nacional. La defensa de Koldo ha ido más allá, solicitando la suspensión de la vista para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y aclarar qué órgano debe juzgarles.

Petición de libertad y “excursiones de pesca”

Durante la vista, la defensa de Koldo García ha reclamado su «inmediata puesta en libertad», alegando que el riesgo de fuga —motivo por el cual el juez instructor Leopoldo Puente decretó su prisión el pasado 27 de noviembre— ya ha desaparecido.

Por su parte, la defensa de Ábalos ha denunciado lo que considera una «investigación prospectiva» por parte de la UCO de la Guardia Civil. Argumentan que se iniciaron las pesquisas contra el exministro cuando aún gozaba de inmunidad parlamentaria y antes de que el Congreso o el Supremo avalaran la investigación, lo que, a su juicio, debería conllevar la nulidad de la causa.

Además, se han escuchado quejas sobre la falta de investigación hacia otros “actores fundamentales” de la trama, citando específicamente a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos contratada en empresas públicas.

El juicio oral, abierto el pasado 11 de diciembre, sienta en el banquillo a los acusados por delitos que incluyen integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. El magistrado instructor considera que existen indicios muy consistentes de pagos de dinero por parte de Aldama para conseguir actos contrarios a los deberes de los cargos públicos implicados.