El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dado un paso decisivo en la causa judicial que involucra a la esposa del presidente del Gobierno. El pasado 11 de abril de 2026, el magistrado Juan Carlos Peinado ordenó que el caso continúe por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Tras meses de instrucción, Begoña Gómez deberá responder formalmente por los presuntos delitos de corrupción en los negocios en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. En la misma resolución, el juez ha decidido archivar la acusación de intrusismo profesional al considerarla infundada.

La decisión judicial contradice la postura del Ministerio Fiscal, que el pasado 1 de abril había solicitado el archivo del caso alegando que, aunque existía un relato fáctico, las diligencias no justificaban la apertura de un juicio oral. Por el contrario, la resolución del magistrado avala la línea de las acusaciones populares —ejercidas por organizaciones como Iustitia Europa, HazteOir, Manos Limpias y el partido VOX—, las cuales han impulsado la continuación del proceso contra los tres principales investigados. El juzgado ha concedido ahora un plazo de cinco días para que las partes presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

Las presiones en la universidad y los contratos públicos

El auto judicial desgrana una serie de indicios sobre cómo se gestó la vinculación de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), interpretando la existencia de posibles presiones de carácter jerárquico. El exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, testificó que el rector de la institución le ordenó crear una cátedra específicamente para la esposa del presidente tras haber mantenido una reunión en el Palacio de La Moncloa, encuentro que en su momento fue ocultado.

El juez instructor destaca la anomalía de este nombramiento como codirectora, subrayando que la investigada carece de titulación universitaria y que no superó ningún tipo de proceso selectivo previo. Se trata de una situación completamente inédita en el ámbito académico, según declararon los testigos. Además, se señala que en el verano de 2020 Gómez avaló mediante cartas de recomendación a una empresa tecnológica de Juan Carlos Barrabés para la obtención de contratos públicos de la entidad Red.es. El magistrado considera que estos documentos beneficiaron al grupo empresarial, destacando la coincidencia temporal: en esas mismas fechas, Barrabés asesoraba a Gómez para montar la citada cátedra universitaria.

El desvío de la plataforma tecnológica y el daño patrimonial

Uno de los pilares más extensos de la resolución se centra en la gestión de un software creado en el seno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La universidad ha cuantificado que estas acciones le han causado un perjuicio económico directo de al menos 108.765,79 euros. A esta cifra se añaden las aportaciones de grandes compañías como Google (110.000 euros), Telefónica (50.000 euros) e Indra (128.442 euros), cuyos responsables declararon haber colaborado creyendo que el proyecto pertenecía a la institución pública.

El magistrado traza una cronología que califica de reveladora. Tras recibir el contrato para ceder los derechos tecnológicos a la universidad el 6 de octubre de 2022, Gómez y su colaboradora cesaron todo contacto con la oficina universitaria correspondiente. Apenas cuatro días después, la principal acusada comenzó a registrar la marca de la plataforma a título personal, culminando con la apropiación del dominio en julio de 2023 y la creación de la empresa Transforma TSC SL a finales de ese mismo año, de la cual es administradora única y dueña absoluta. Todo este entramado paralelo se llevó a cabo a espaldas de la UCM y de los mecenas privados.

Situación del resto de investigados y próximos pasos

La causa también afecta a la trabajadora pública Cristina Álvarez, quien supuestamente percibió más de 361.000 euros de fondos públicos entre 2018 y 2025. El juez señala que, durante este tiempo, su dedicación a las actividades privadas de Begoña Gómez fue notoria y evidente para sus superiores. Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés se enfrentará al juicio por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque ha sido eximido de los delitos de malversación y apropiación indebida al no hallarse indicios sólidos en su contra.

Respecto al único cargo desestimado para Gómez, el de intrusismo profesional, el juez determinó que las pruebas eran endebles y recordó que tanto informes de la Abogacía del Estado como la propia gerencia universitaria indicaron que no se requería una cualificación especial para las funciones técnicas que firmaba.

Con esta resolución, que deniega prorrogar más la investigación, el proceso avanza hacia su fase definitiva en los tribunales. No obstante, el dictamen aún puede ser recurrido en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid.