Irene Montero ha vuelto a situarse en el centro de la polémica política este sábado tras unas duras declaraciones en las que ha calificado de “fachas” y “racistas” a los sectores políticos y sociales que, a su juicio, están impidiendo la plena integración de la población migrante en España. Durante un acto de su formación, la exministra y actual eurodiputada ha denunciado lo que considera un “racismo institucional” que permea desde las fronteras hasta los parlamentos autonómicos.

En su intervención, Montero ha vinculado directamente el auge de los discursos antiinmigración con una estrategia de la extrema derecha, a la que ha acusado de arrastrar al Partido Popular hacia posiciones que ha tildado de “abiertamente xenófobas”. “No son opiniones respetables, son fachas y racistas que quieren convertir España en un lugar hostil para quien viene buscando una vida digna”, ha sentenciado ante los militantes.

La dirigente morada ha hecho hincapié en los recientes bloqueos a la regularización de migrantes y en los debates sobre la seguridad en las fronteras, asegurando que se está utilizando el miedo para recortar derechos humanos. Para Montero, llamar a las cosas por su nombre es una obligación democrática: “Si actúan como racistas y legislan como fascistas, hay que llamarles fachas y racistas. El silencio ante su odio es complicidad”.

Las palabras de Montero llegan en un momento de alta tensión política, tras varias semanas de cruce de acusaciones en el Congreso sobre la gestión de los flujos migratorios. Desde la oposición, las reacciones no se han hecho esperar, calificando el discurso de la eurodiputada de “incendiario” y acusándola de fomentar la división y el señalamiento en lugar de aportar soluciones a la crisis migratoria.

Sin embargo, Montero ha insistido en que el problema no es la llegada de personas, sino la falta de vías legales y seguras. Ha cerrado su discurso advirtiendo que “España no será un país libre mientras siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”, y ha prometido que su formación seguirá presionando en Europa y en España para desmantelar lo que ha definido como “la fortaleza del odio”.