La polémica entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid ha escalado este martes con un nuevo cruce de acusaciones relacionado con el viaje oficial de Isabel Díaz Ayuso a México. El Ejecutivo ha salido al paso de las críticas vertidas por la presidenta madrileña asegurando que, antes del viaje, se le ofrecieron servicios de seguridad y transporte a través de la embajada española en el país, y que fue la propia delegación de Ayuso quien declinó ese ofrecimiento.

El Gobierno activa el protocolo habitual y ofrece apoyo diplomático

Según el Ejecutivo, existe un procedimiento establecido para los desplazamientos al extranjero de los presidentes autonómicos. Siguiendo ese protocolo, la embajada española en México se puso en contacto con el director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, Guillermo Kirkpatrick de la Vega, para consultar si la presidenta de la Comunidad de Madrid requería apoyo logístico o de seguridad durante su estancia en el país.

La respuesta que recibió la representación diplomática española fue que Ayuso no precisaba de ningún tipo de asistencia, por lo que la embajada no intervino en la organización del viaje. El Ejecutivo subraya, además, que la presidenta madrileña no facilitó en ningún momento su agenda en México ni comunicó ningún tipo de incidente durante la visita.

Ayuso denuncia un “abandono total” y alerta de los riesgos en México

La controversia surgió este mismo martes cuando Ayuso, en declaraciones públicas recogidas por varios medios, denunció que el Ejecutivo central la había dejado a ella y a su equipo completamente a su suerte durante el viaje, sin ningún respaldo por parte del aparato diplomático español. La presidenta madrileña llegó a advertir de que, en esas circunstancias, podría haberle ocurrido “cualquier cosa”.

Ayuso fue más allá y extendió las críticas al conjunto de su delegación, que —según ella— también quedó desprotegida en un país al que describió como profundamente violento y condicionado por la presencia del narcotráfico. En esa línea, cuestionó abiertamente si debía viajar con una comitiva de presión para que el Gobierno le garantizase el respaldo diplomático que considera una obligación del Estado.

Dos versiones opuestas sobre el mismo viaje

El resultado es un choque frontal de relatos entre el Gobierno y la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Mientras el Ejecutivo defiende haber cumplido con el protocolo al ofrecer los medios necesarios, Ayuso sostiene que fue ignorada y que la falta de apoyo institucional la situó en una posición de vulnerabilidad real.

El episodio se enmarca en la tensa relación política que mantienen ambas administraciones, y añade un nuevo frente a un pulso que trasciende lo meramente protocolario para convertirse en un debate sobre las responsabilidades del Estado hacia los representantes autonómicos en sus viajes internacionales.

Un debate sobre las obligaciones del Estado en el exterior

Más allá de la disputa concreta, el incidente pone sobre la mesa una cuestión de fondo: cuál es el papel del Gobierno central a la hora de garantizar la seguridad y el apoyo logístico a los presidentes regionales cuando viajan fuera de España en misiones de representación institucional. Una pregunta que, de momento, queda sin una respuesta acordada entre las partes.