En un movimiento sin precedentes para la regulación digital en España, el Gobierno ha decidido elevar el tono contra las grandes plataformas tecnológicas. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado invocar el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una maniobra legal que tiene como objetivo solicitar formalmente a la Fiscalía que investigue la posible comisión de delitos por parte de X (antes Twitter), Meta y TikTok.
El foco de la investigación se centra en la responsabilidad de estas redes sociales en la creación y difusión de pornografía infantil mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales, lanzando una advertencia clara a las multinacionales: “La impunidad de los gigantes debe acabar”. Según el jefe del Ejecutivo, la actuación de estas plataformas está “atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”, una situación que, ha subrayado, “el Estado no puede permitir”.
Un “Estado fallido” digital
La decisión tomada este martes es la materialización de una estrategia que el Gobierno lleva perfilando varias semanas. El Ejecutivo considera que el entorno actual de las redes sociales se asemeja a un “salvaje Oeste” o a un “Estado fallido”, donde ciertas aplicaciones estarían dando refugio a actividades criminales y violencia.
El detonante de esta ofensiva legal son las cifras alarmantes sobre el uso de la IA generativa. Sánchez ha hecho referencia a datos que indican que los usuarios de Grok (la IA integrada en X) generaron tres millones de imágenes sexualizadas en solo 11 días, de las cuales más de 23.000 correspondían a menores de edad. “Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos”, aseguró el presidente.
Refuerzo a la protección de la infancia
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado la medida como un paso decisivo para garantizar los derechos de los menores en el entorno digital. A través de la red social Bluesky, Rego recordó que su departamento ya había solicitado en enero a la Fiscalía que investigase específicamente a X. Con la activación del artículo 8, el Gobierno amplía el espectro para investigar a todas las grandes plataformas bajo sospecha.
Un plan de cinco medidas
Esta petición a la Fiscalía es solo la punta de lanza de una campaña más amplia que incluye cinco medidas clave para regular el espacio digital:
- Investigación penal: Trabajo conjunto con el Ministerio Fiscal para perseguir delitos en redes, con prioridad en aquellos que afecten a menores.
- Responsabilidad de las compañías: Se busca imponer responsabilidades penales a las plataformas que se nieguen a retirar contenidos ilícitos.
- Control de algoritmos: Persecución de la manipulación algorítmica que utilice datos sin consentimiento.
- Huella de odio: Creación de un mecanismo para cuantificar cómo las plataformas alimentan la polarización y el odio.
- Límite de edad: Restricción del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años.
Con este paso, el Ejecutivo busca liderar el debate sobre la ética y la legalidad en la era de la inteligencia artificial, poniendo el foco en la protección de los usuarios más vulnerables.