El escándalo en torno a la tragedia ferroviaria de Adamuz ha dado un nuevo giro administrativo y político esta mañana. Apenas diez días después del accidente que costó la vida a 45 personas en la provincia de Córdoba, los archivos relativos a la licitación, adjudicación y ejecución de las obras de renovación del tramo afectado han desaparecido de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de otros portales de transparencia dependientes de la Administración General del Estado.

Fuentes de la oposición y diversos medios de comunicación han denunciado a primera hora que los enlaces a los expedientes, que hasta ayer eran de acceso público, devuelven ahora errores de “página no encontrada” o mensajes de “expediente no disponible temporalmente”. Esta maniobra se produce en un momento crítico, justo cuando el Juzgado de Instrucción de Montoro ha comenzado a solicitar documentación técnica para esclarecer por qué un tramo supuestamente modernizado en mayo de 2025, con una inversión de 700 millones de euros, contaba aún con raíles fabricados en 1989.

Contradicciones en la versión oficial

La eliminación de estos documentos digitales aviva las sospechas sobre la gestión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El ministro Óscar Puente aseguró en las horas posteriores al siniestro que la línea había sido “renovada integralmente” y que cumplía con “los más estrictos estándares europeos”. Sin embargo, informes periciales independientes filtrados a principios de semana y reconocimientos posteriores del propio Ministerio han confirmado que la renovación fue solo parcial.

Los archivos ahora inaccesibles contenían información clave para la investigación, como los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) que detallan qué materiales debían sustituirse obligatoriamente y cuáles podían reutilizarse. La desaparición de esta huella digital impide a la ciudadanía y a la prensa cotejar si la empresa adjudicataria cumplió con lo contratado o si, por el contrario, se certificaron obras no ejecutadas.

Reacciones políticas y judiciales

Desde el Partido Popular y Vox han exigido la comparecencia urgente del ministro y han anunciado que solicitarán una auditoría informática a la Plataforma de Contratación para determinar quién dio la orden de borrado y cuándo se ejecutó. “No es un fallo informático, es un borrado de pruebas a la vista de todos”, ha declarado el portavoz de la comisión de transportes en el Congreso.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz ha calificado el hecho de “insulto a la memoria de los fallecidos” y ha instado al juez instructor a que requiera una copia de seguridad de los servidores del Ministerio de forma inmediata para evitar la destrucción total de los metadatos.

Fuentes del Ministerio consultadas por este medio alegan que la caída de los archivos se debe a “tareas de mantenimiento programadas” y a una “reorganización de la base de datos” ante el elevado volumen de consultas recibidas en los últimos días, negando cualquier intencionalidad de ocultación. Sin embargo, expertos en contratación pública señalan que es altamente irregular que un expediente finalizado desaparezca de la vista pública, especialmente cuando está sometido al escrutinio social y judicial.

La “desaparición” de los archivos añade presión a una legislatura ya tensa, poniendo el foco sobre la transparencia de las adjudicaciones de obras públicas y la responsabilidad política detrás de la catástrofe ferroviaria más grave de la última década en España.