Madrid. — El Gobierno de España ha puesto en marcha una aceleración significativa en los trámites de nacionalización amparados por la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la “Ley de Nietos”. El objetivo es agilizar la resolución de más de 1,3 millones de expedientes pendientes correspondientes a descendientes de exiliados españoles, una cifra que podría tener un impacto determinante en el censo de las próximas elecciones generales.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han confirmado que se están redoblando esfuerzos en los consulados, especialmente en América Latina, donde se concentra el grueso de las solicitudes. La administración busca desatascar el “embudo burocrático” que mantenía paralizados miles de expedientes, asegurando que estos nuevos ciudadanos españoles tengan sus documentos en regla a tiempo para ejercer su derecho al voto.

Un censo en expansión

Las cifras que maneja el Ejecutivo apuntan a una incorporación masiva de nuevos electores. Hasta la fecha, cerca de medio millón de personas ya han obtenido la nacionalidad gracias a esta normativa, pero el plan de aceleración pretende sumar a los 1,3 millones restantes en tiempo récord. De lograrse, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) experimentaría un crecimiento sin precedentes, superando los límites habituales de participación de la diáspora.

Desde el Gobierno se defiende esta medida como un acto de “justicia histórica” y reparación moral hacia aquellos que perdieron su nacionalidad por razones políticas, ideológicas o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura. “No se trata de votos, se trata de derechos que fueron arrebatados”, señalan desde el entorno del ministro Ángel Víctor Torres.

Polémica política y “caladero de votos”

La maniobra no ha estado exenta de críticas feroces por parte de la oposición. Partidos como el Partido Popular y Vox han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar las instituciones y la burocracia estatal con fines electoralistas. Consideran que esta nacionalización exprés busca crear un “caladero de votos” favorable a los intereses del PSOE y sus socios, alterando artificialmente la demografía electoral en circunscripciones clave.

“Se está utilizando la nacionalidad española, que es un vínculo sagrado, como una simple herramienta de marketing electoral para intentar ganar en los despachos lo que temen perder en las urnas”, denuncian fuentes de la oposición, que advierten de la falta de recursos en los consulados para verificar con rigor tal avalancha de documentación.

El reto administrativo

Más allá de la batalla política, la realidad administrativa es compleja. Los consulados españoles en ciudades como La Habana, Buenos Aires o Ciudad de México llevan meses al borde del colapso. La decisión de prorrogar los plazos de la ley y ahora de acelerar las resoluciones ha obligado a reforzar plantillas y ampliar horarios, aunque los sindicatos de funcionarios en el exterior advierten que los recursos siguen siendo insuficientes para garantizar un proceso ordenado y seguro.

El desenlace de esta carrera contrarreloj definirá no solo el futuro de millones de descendientes de españoles, sino que podría redibujar la aritmética parlamentaria en la próxima legislatura.