El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado este sábado la puesta en libertad provisional para los tres directivos y empresarios detenidos esta semana en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales que afecta a la aerolínea Plus Ultra. Tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar, los acusados han abandonado los juzgados de Plaza de Castilla con medidas cautelares consideradas “leves” por fuentes jurídicas.
Medidas cautelares y situación procesal
A pesar de la gravedad de los delitos investigados —que incluyen blanqueo de capitales, apropiación indebida y organización criminal—, el magistrado ha optado por no imponer prisión preventiva. En su lugar, ha dictado medidas de control para asegurar su sujeción al proceso judicial:
- Retirada del pasaporte.
- Prohibición expresa de salir del territorio nacional.
- Obligación de comparecer quincenalmente ante el órgano judicial (algunas fuentes apuntan a comparecencias semanales).
Esta decisión responde a que, al estar la causa bajo secreto de sumario y no existir acusaciones particulares personadas que solicitaran medidas más gravosas, el juez de guardia se ha ajustado a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, que no pidió el ingreso en prisión.
Los protagonistas de la trama
Los tres detenidos que han comparecido ante el juez son figuras clave en la estructura y operativa de la aerolínea:
- Julio Martínez Sola, actual presidente y dueño de la compañía.
- Roberto Roselli, consejero delegado (CEO) de Plus Ultra.
- Julio Martínez Martínez, un empresario externo vinculado a la trama a través de una sociedad mercantil (Análisis Relevante S.L.) y presuntamente implicado en el desvío de fondos.
Existe un cuarto investigado, un abogado detenido en la misma operación, que también ha quedado en libertad con medidas similares, aunque el foco mediático se ha centrado en la cúpula directiva de la aerolínea rescatada.
El origen: la sombra del rescate y la conexión venezolana
Aunque la causa actual la instruye el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, los detenidos pasaron por el número 13 al estar de guardia. La investigación, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, indaga si la aerolínea fue utilizada para blanquear dinero procedente de Venezuela.
Las pesquisas apuntan a que los fondos del polémico rescate público de 53 millones de euros, otorgado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, podrían haber sido desviados. La tesis de los investigadores sugiere que parte de este dinero se utilizó para devolver préstamos a sociedades “pantalla” que, a su vez, estarían blanqueando capitales expoliados de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de la venta de oro del Banco de Venezuela.
Este nuevo frente judicial reabre las dudas sobre la viabilidad y la verdadera naturaleza de las operaciones de Plus Ultra, una compañía que ya estuvo en el ojo del huracán político y judicial por recibir ayudas públicas millonarias pese a su escasa cuota de mercado.