El Gobierno de España ha aprobado este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, un proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes en situación administrativa irregular. La medida, que llevaba meses en el centro del debate político, se materializa finalmente tras intensas negociaciones dentro del bloque progresista, cediendo el Ejecutivo a una de las demandas históricas y más recientes de Podemos.

La decisión marca un punto de inflexión en la política migratoria de la actual legislatura y responde, según fuentes gubernamentales, tanto a razones de justicia social y derechos humanos como a necesidades pragmáticas del mercado laboral y la economía sumergida.

El papel determinante de Podemos

Aunque la medida ha sido aprobada por el Gobierno de coalición en su conjunto, el impulso político ha venido marcado por la presión ejercida por Podemos. La formación morada había situado esta regularización como una “línea roja” en las negociaciones presupuestarias y legislativas de este inicio de año 2026.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que el acuerdo fue complejo, equilibrando la voluntad política de regularizar con las capacidades técnicas de la administración y el impacto social de la medida. Para Podemos, este logro supone una victoria política significativa, reforzando su perfil propio dentro del espacio de la izquierda y cumpliendo con una promesa central a su electorado y a los movimientos sociales.

Alcance y objetivos de la medida

A la espera de la publicación de los detalles técnicos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha adelantado que el proceso buscará sacar de la clandestinidad a decenas de miles de personas que ya residen y, en muchos casos, trabajan “en negro” en España.

Los requisitos se centrarán previsiblemente en demostrar un tiempo mínimo de permanencia en territorio español (arraigo) y la existencia de vínculos laborales o sociales. El objetivo declarado es doble: por un lado, dotar de derechos plenos a un colectivo vulnerable y, por otro, aflorar economía sumergida, incrementando las cotizaciones a la Seguridad Social y regularizando sectores donde la mano de obra migrante es clave, como los cuidados, la agricultura o la hostelería.

Reacciones polarizadas

Como era de esperar, el anuncio ha generado una fuerte polarización política y social. Organizaciones no gubernamentales, sindicatos y colectivos de defensa de los derechos de los migrantes han celebrado la noticia, calificándola de “paso histórico” y “necesario” tras años de reivindicaciones como la campaña “Regularización Ya”.

En el espectro opuesto, los partidos de la oposición de derechas han criticado duramente la aprobación de la medida. Argumentan que esta decisión generará un inevitable “efecto llamada”, tensará los servicios públicos y enviará un mensaje equivocado a las mafias que trafican con personas.

El Gobierno se enfrenta ahora al reto administrativo de gestionar un proceso de esta magnitud, que requerirá un refuerzo significativo de las oficinas de extranjería en los próximos meses.