Madrid, 28 de enero de 2026. – El Ministerio de Justicia ha iniciado formalmente la tramitación de la primera solicitud de indulto a favor de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado. La maquinaria administrativa se ha puesto en marcha tras la petición registrada por dos ciudadanos particulares, lo que ha llevado al departamento que dirige Félix Bolaños a solicitar el informe preceptivo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano que dictó la sentencia condenatoria el pasado mes de noviembre.
Esta medida de gracia, de concederse, anularía los efectos de la histórica sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y al pago de una multa e indemnización que suman más de 17.000 euros. El Alto Tribunal lo consideró autor responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración de correos electrónicos relacionados con la defensa jurídica de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los pasos de un proceso polémico
La Ley del Indulto de 1870 obliga al Gobierno a tramitar cualquier solicitud, independientemente de quién la presente. En este caso, la petición no proviene del propio condenado, sino de terceros, una figura permitida por la normativa.
El procedimiento ahora entra en una fase de consultas obligatorias, aunque no vinculantes para el Ejecutivo (salvo que el tribunal sentenciador informe en contra de un indulto total, en cuyo caso el Gobierno no podría concederlo en esa extensión):
- El Tribunal Supremo deberá emitir su parecer sobre la justicia o conveniencia de la medida, evaluando si existen razones de equidad o utilidad pública.
- Se dará audiencia a la Fiscalía, que se encuentra en la compleja tesitura de informar sobre quien fuera su máximo superior jerárquico.
- También se escuchará a la parte perjudicada, el empresario Alberto González Amador, cuya oposición se da por descontada dada la batalla legal mantenida.
Tensión política y judicial
La noticia ha reavivado el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Desde el Partido Popular se interpreta este movimiento como la confirmación de una “hoja de ruta” escrita de antemano. Fuentes de la oposición acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “construir el relato” necesario para justificar una medida de gracia que consideran un ataque a la independencia judicial.
Por su parte, el Gobierno ha mantenido desde el inicio del proceso una postura de respaldo a García Ortiz, defendiendo su presunción de inocencia y cuestionando, en ocasiones de forma velada, la contundencia de la sentencia basada en indicios. Si el proceso culmina favorablemente, la decisión final recaerá sobre el Consejo de Ministros, y será el Rey quien firme el Real Decreto.
El caso de García Ortiz, el primer fiscal general condenado por el Supremo en democracia, sigue marcando la agenda política de 2026, convirtiendo este trámite administrativo en un nuevo campo de batalla institucional.