La crisis habitacional en Alicante ha cobrado hoy su primera víctima política de alto nivel. En un movimiento que busca frenar el desgaste institucional, el alto cargo responsable de la gestión de viviendas protegidas ha presentado su dimisión con carácter irrevocable a primera hora de este viernes.

La decisión se precipita tras una semana de intensas revelaciones periodísticas que cuestionaban la transparencia en los procesos de baremación de las últimas promociones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) entregadas en la provincia. Lo que comenzó como un rumor sobre errores administrativos ha derivado en una crisis de confianza que amenazaba con paralizar la agenda municipal.

Una salida para “proteger la institución”

Fuentes internas del consistorio señalan que la dimisión no es una admisión de culpa penal, sino una asunción de responsabilidad política “inaplazable”. En su carta de renuncia, el ya ex-responsable argumenta su deseo de no entorpecer la labor del gobierno local ni dañar la imagen de un departamento clave para el bienestar social de la ciudad.

Sin embargo, el contexto es ineludible: las informaciones apuntaban a que varios adjudicatarios de las viviendas mantenían vínculos directos o indirectos con la administración, saltándose presuntamente el orden de lista de espera de solicitantes con mayor vulnerabilidad económica.

El dato clave: La lista de espera para una vivienda pública en Alicante ha crecido un 15% en el último año, lo que convierte cualquier irregularidad en el proceso de adjudicación en un tema de máxima sensibilidad social.

La oposición exige una auditoría externa

La dimisión ha servido para descomprimir la situación momentáneamente, pero no ha cerrado la herida política. Los portavoces de la oposición han coincidido en calificar la renuncia de “cortina de humo” si no va acompañada de medidas de fiscalización real.

“Que ruede una cabeza no devuelve la vivienda a quien realmente la necesita y se ha quedado fuera injustamente”, han sentenciado desde los grupos de izquierda, quienes exigirán en el próximo pleno una auditoría externa de todos los expedientes de adjudicación de los últimos 24 meses.

Un escenario complejo para el Ayuntamiento

El equipo de Gobierno se enfrenta ahora a un doble reto:

• Reorganización interna: Encontrar un perfil técnico, y no político, que asuma las riendas del departamento de forma interina para evitar la parálisis de los proyectos en marcha.
• Recuperación de la confianza: Demostrar a la ciudadanía que los mecanismos de control funcionan, en un momento donde el acceso a la vivienda es la principal preocupación de los alicantinos según las últimas encuestas.

Se espera que el alcalde comparezca en las próximas horas para anunciar el nombre del sucesor y detallar las medidas de transparencia que se implementarán de inmediato para blindar los futuros procesos de adjudicación.