MADRID, 4 Feb. 2026 – La investigación sobre el presunto fraude masivo en el sector de los hidrocarburos ha dado un nuevo paso este miércoles en la Audiencia Nacional. Juan Ignacio Díaz Bidart, quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, ha reconocido ante el juez Santiago Pedraz que mantuvo una reunión en la sede del Ministerio con los empresarios vinculados a la trama. Según su declaración, el encuentro tuvo lugar tras la intermediación de Koldo García, el entonces asesor del exministro José Luis Ábalos.
Díaz Bidart, que ha comparecido en calidad de testigo durante aproximadamente 20 minutos, ha detallado que la reunión tenía como objetivo abordar los trámites para la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos, un permiso clave que la empresa Villafuel buscaba conseguir con celeridad. Aunque ha admitido la existencia del encuentro, el ex alto cargo ha matizado que este fue breve y protocolario, asegurando que apenas duró unos minutos y que estuvo acompañado por dos funcionarios del departamento.
La comparecencia de Díaz Bidart estaba prevista inicialmente para el pasado 28 de enero, pero las fuertes nevadas que afectaron a la capital obligaron a posponer la cita hasta hoy. Su testimonio refuerza la línea de investigación que apunta al papel de Koldo García como el presunto “conseguidor” que abría las puertas de distintos ministerios para la red empresarial encabezada por Víctor de Aldama.
El mecanismo del fraude
El interés de la trama en obtener la licencia de operador era fundamental para el esquema delictivo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía. La red está acusada de un fraude millonario a la Hacienda Pública mediante el impago del IVA en la compraventa de combustible.
Según los investigadores, la operativa consistía en comprar hidrocarburos sin abonar el impuesto para posteriormente venderlo en las gasolineras aplicando el gravamen, quedándose con el margen de beneficio y desapareciendo antes de liquidar la deuda tributaria. Se estima que el fraude podría superar los 180 millones de euros.
Esta declaración se suma a la ronda de interrogatorios que el magistrado Pedraz está llevando a cabo para esclarecer hasta dónde llegó la influencia de la trama dentro de la administración pública y si las reuniones facilitadas por el entorno de Ábalos influyeron en las decisiones administrativas que beneficiaron a la compañía bajo sospecha.