La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido paralizar, con carácter cautelar, el acuerdo adoptado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el pasado 20 de octubre de 2025, mediante el cual el Ejecutivo central declaraba la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid —ubicada en la emblemática Real Casa de Correos de la Puerta del Sol— como Lugar de Memoria Democrática. La resolución, que no es unánime ya que incorpora un voto particular discrepante, da la razón a la Comunidad de Madrid, que había recurrido la medida ante ese mismo tribunal apenas ocho días después de que fuera adoptada.
Un edificio, dos intereses públicos enfrentados
El auto judicial, emitido por la Sección Primera de la Sala, sostiene que la ejecución del acuerdo impugnado podría ocasionar un perjuicio a la imagen institucional de la Comunidad Autónoma de Madrid que, si bien no puede calificarse de irreversible de forma taxativa, tampoco puede descartarse. Bajo ese razonamiento, los magistrados concluyen que resulta pertinente suspender los efectos del acuerdo mientras se tramita el procedimiento principal.
Más allá de la cuestión de imagen, el tribunal también advierte que la declaración de Lugar de Memoria Democrática conllevaría actuaciones concretas sobre el edificio: instalación de placas, paneles y señalización interpretativa, así como su integración en circuitos internacionales de memoria histórica. Todo ello, en un espacio que funciona simultáneamente como sede de gobierno autonómico, lo que genera, a juicio de los jueces, una confluencia de intereses intensos y contrapuestos que justifica la cautela.
La Sala reconoce abiertamente que se trata de un conflicto entre dos intereses públicos legítimos —el del Estado central y el de la comunidad autónoma—, pero considera que el perjuicio potencial para Madrid es de mayor intensidad, dado que un retraso en aplicar el acuerdo no compromete su finalidad a largo plazo, mientras que su ejecución inmediata sí podría generar daños difícilmente reparables para el gobierno regional.
El peso del Tribunal Constitucional en la decisión
Un argumento adicional que inclina la balanza hacia la suspensión es la existencia de un conflicto positivo de competencias que está siendo tramitado ante el Tribunal Constitucional y que guarda estrecha relación con este asunto. Los magistrados de la Audiencia Nacional señalan que la decisión que adopte el Alto Tribunal tendrá una incidencia directa en el procedimiento, lo que refuerza la conveniencia de no aplicar el acuerdo hasta que exista mayor claridad jurídica al respecto.
No es la primera vez que los tribunales respaldan la posición de la Comunidad de Madrid en este conflicto. El propio Tribunal Constitucional ya había levantado en julio pasado la suspensión de una norma autonómica que impedía señalar el pasado franquista del edificio, una ley que había sido impugnada por el Gobierno de Pedro Sánchez por considerarla contraria a la legislación estatal de Memoria Democrática.
Una voz discrepante dentro del tribunal
La resolución no fue adoptada por unanimidad. Uno de los magistrados de la Sala emitió un voto particular en el que discrepa de sus colegas en lo relativo al supuesto daño a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. En su opinión, recordar hechos históricos negativos asociados a un lugar no implica menoscabo alguno para las instituciones que actualmente lo ocupan, ya que éstas son tributarias del propio régimen democrático y no existían en la época a la que se refieren los hechos que motivan la declaración.
El magistrado disidente argumenta además que la suspensión de las medidas de memoria democrática sí genera un perjuicio real: el de las víctimas, que ven retrasada una reparación simbólica, y el de la imagen internacional de España, cuyo compromiso con la protección de la memoria histórica podría verse cuestionado.
Madrid celebra el fallo y carga contra el Ejecutivo central
La Comunidad de Madrid acogió la decisión con satisfacción. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, que ejerce también como portavoz del gobierno regional, calificó el auto como una victoria frente a lo que describió como el sectarismo del presidente del Gobierno. En su valoración, subrayó que la Real Casa de Correos es un espacio de libertad y un referente compartido por todos los madrileños y los españoles, por encima de cualquier intento de reinterpretación política.
El recurso contencioso-administrativo había sido presentado por el letrado de la Comunidad de Madrid el 28 de octubre de 2025, apenas una semana después de que el Gobierno central adoptara el acuerdo. El ejecutivo autonómico argumentaba que la Real Casa de Correos cuenta con 250 años de historia y que, desde hace cuatro décadas, ha quedado plenamente resignificada como sede institucional de la Presidencia de la Comunidad.
Antecedentes: un edificio con historia y disputas
La Real Casa de Correos albergó en el pasado la Dirección General de Seguridad, organismo de represión política durante la dictadura franquista, lo que motivó que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsara su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática en el marco de la Ley 20/2022. La Comunidad de Madrid se ha opuesto sistemáticamente a cualquier medida en ese sentido, argumentando que el edificio debe ser entendido en su totalidad histórica y en su función actual como símbolo del autogobierno regional.
El conflicto jurídico entre ambas administraciones continúa abierto. La suspensión acordada por la Audiencia Nacional tiene carácter provisional y se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del asunto, cuyo desenlace podría depender también, en buena medida, de lo que acabe resolviendo el Tribunal Constitucional.