MADRID. — La Audiencia Nacional ha acordado este martes la apertura de diligencias previas contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz. La decisión judicial responde a la tragedia que se saldó con el fallecimiento de 45 personas, marcando un nuevo hito en la investigación del caso.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Antonio Piña, ha tomado esta determinación tras admitir a trámite la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia. La querella acusa al ministro de la presunta comisión de delitos de homicidio imprudente.
Según se desprende del auto judicial, al que ha tenido acceso este medio, el magistrado considera que los hechos relatados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Como parte del procedimiento, el juez Piña ha remitido las actuaciones al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre si la competencia para investigar la causa recae efectivamente en la Audiencia Nacional.
Indicios de deterioro y advertencias previas
Esta medida judicial representa la primera acción legal que apunta directamente a la figura del ministro de Transportes, aunque no es la única vía abierta tras el accidente del pasado 18 de enero. Diversos colectivos han puesto el foco en la gestión de la infraestructura y la seguridad.
Paralelamente, la asociación Liberum ha formulado una querella contra altos cargos de Adif y un director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Esta acusación incluye presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones y contra los derechos de los trabajadores.
El argumento central de estas acusaciones se basa en avisos previos ignorados. Según la documentación aportada, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) envió una comunicación formal el pasado 8 de agosto alertando de su “profunda preocupación” por el estado de las líneas de Alta Velocidad, citando específicamente las líneas 010, 030, 040 y 050.
Acusación popular
Por otro lado, la organización Iustitia Europa ha solicitado personarse como acusación popular en las diligencias que ya se siguen ante el Tribunal de Instancia de Montoro. Dicha asociación sostiene que existen “indicios graves” vinculados a un deterioro “progresivo, profundo y conocido” de la red ferroviaria, incluyendo el tramo afectado por el fatal desenlace.