La organización Liberum ha interpuesto una denuncia contra altos cargos de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y un director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) a raíz del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo cerca de Adamuz (Córdoba), en el que dos trenes descarrilaron, causando al menos 40 muertos y 41 heridos ingresados.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, alega la posible comisión de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y otro contra los derechos de los trabajadores.
La advertencia previa ignorada
El escrito judicial sostiene que, el 8 de agosto, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) ya había remitido una comunicación formal y fehaciente a los ahora denunciados. En ella, expresaba su “profunda preocupación por el estado general de las líneas, y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad”.
Según la denuncia, el sindicato alertaba específicamente de la existencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria” y otros defectos en la vía, y dejaba constancia de que los maquinistas reportaban estas incidencias “diariamente” a los responsables de circulación de Adif, sin que se tomara medida alguna.
Ante el riesgo evidente, el SEMAF solicitó expresamente la adopción de una medida preventiva inmediata: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas a 250 km/h, hasta que la red fuera adecuadamente reparada.
Omisión de las medidas de seguridad
La denuncia de Liberum afirma que los responsables denunciados “omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”. No consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas.
A juicio de la asociación, con esta inacción se incumplió “de forma flagrante” el deber de garante de la seguridad de trabajadores y viajeros, “aceptando la continuación de una situación de grave riesgo que les había sido formalmente comunicada”.
Más asociaciones pieren personarse en la causa
Paralelamente, otras organizaciones han anunciado su intención de participar en la investigación judicial. Iustitia Europa ha solicitado personarse como acusación popular en las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instancia de Montoro, argumentando que existen “indicios graves” derivados del deterioro progresivo y conocido de varias líneas de alta velocidad.
Asimismo, la asociación Manos Limpias también ha pedido su incorporación a la causa para que se determinen “las posibles responsabilidades penales derivadas del fatal siniestro”.
Las deficiencias denunciadas incluyen irregularidades en la vía, baches, deformaciones del trazado y problemas en la catenaria, cuya existencia, según las acusaciones, habría sido advertida con meses de antelación por profesionales del sector.
La investigación judicial, que se suma a la técnica ya en marcha, determinará si la omisión en la adopción de medidas preventivas pese a las reiteradas advertencias constituye un delito.