Durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19, las contrataciones públicas excepcionales se convirtieron en la norma, un escenario que ahora se encuentra bajo el escrutinio judicial. Un reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que ya ha sido remitido a la Audiencia Nacional, apunta a que la expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, constituyó el punto de partida para que la red investigada en el ‘caso Koldo’ accediera al mercado de licitaciones del archipiélago. Según las pesquisas, este primer acercamiento derivó en la posterior firma de expedientes por valor de 3,7 millones de euros para la adquisición urgente de equipos de protección.
Un mensaje clave en pleno estado de alarma
La investigación policial reconstruye una secuencia de hechos que arranca el 25 de abril de 2020. En esa fecha, con el país sumido en el estado de alarma, Koldo García se habría dirigido directamente a la entonces dirigente autonómica a través de un mensaje. En esta comunicación, el investigado se ofrecía como enlace para proveer a la comunidad de material sanitario, haciendo valer su supuesta conexión directa con José Luis Ábalos, quien en ese momento lideraba el Ministerio de Transportes.
Lo que resulta determinante para los agentes no es la existencia de este mensaje de forma aislada, sino la inmediata sucesión de acontecimientos que provocó a continuación. Poco tiempo después de esa primera toma de contacto de alto nivel, la dirección de gestión del Servicio de Salud de las Islas Baleares estableció comunicación con el propio Koldo García. Este paso supuso el inicio de una interlocución puramente técnica que terminaría fructificando en la adjudicación de diversos contratos públicos. Para los investigadores, esta cadena de eventos evidencia cómo se activó un canal institucional extraordinario, facilitando el nexo entre los intermediarios de la trama y los responsables del sistema sanitario encargados de las compras.
Compras de emergencia bajo el foco
El análisis de la UCO pone el acento en las licitaciones otorgadas a Soluciones de Gestión, la empresa que vertebra el epicentro del sumario. Estos expedientes, que alcanzaron un montante económico de 3,7 millones de euros, se tramitaron utilizando la vía de emergencia. Este mecanismo normativo, indispensable durante la crisis sanitaria, autoriza a las administraciones a conceder contratos saltándose el trámite habitual de concurso público debido a la extrema urgencia.
No obstante, el uso prolongado de esta fórmula reduce drásticamente los filtros previos, trasladando las auditorías y el control del gasto a un momento posterior. Según apuntan los expertos técnicos, esta laxitud incrementa la vulnerabilidad de la administración ante posibles prácticas irregulares si no existe una justificación y trazabilidad absoluta en la toma de decisiones.
Sin responsabilidad penal directa atribuida en esta fase
Pese a la trascendencia que el informe otorga a la figura de la expresidenta en el arranque de las negociaciones, la Guardia Civil no le imputa, por el momento, una responsabilidad penal directa. El documento se limita a constatar y subrayar su rol como el eslabón indispensable en la cadena de contactos que posibilitó a la red introducirse en la operativa de salud balear.
[IMAGEN 3: Fotografía de recursos de la fachada principal de la Audiencia Nacional o de agentes de la UCO realizando un operativo]
Toda esta nueva documentación ya ha sido integrada en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional, sumándose al análisis global que rastrea las ramificaciones de esta trama en diferentes puntos de la geografía española. Ahora, corresponde a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa valorar en profundidad el alcance jurídico de estas comunicaciones iniciales y determinar el papel exacto de cada uno de los actores en el origen de las millonarias adjudicaciones investigadas.