Miguel Ángel
Madrid, 15 de enero de 2026. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un nuevo fondo de inversión estatal dotado inicialmente con 10.500 millones de euros. Este instrumento, descrito por fuentes del Ejecutivo como un “fondo soberano” a la española, tendrá como objetivo la intervención directa en el capital de compañías consideradas estratégicas para la economía nacional. La principal novedad radica en su gobernanza: el fondo estará bajo el control directo del complejo de La Moncloa, sustrayendo su gestión de la órbita tradicional de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, por tanto, del Ministerio de Hacienda.
Un brazo inversor con mando en Plaza
La creación de este vehículo responde, según ha explicado el jefe del Ejecutivo, a la necesidad de reforzar la “autonomía estratégica” de España en un contexto global de alta incertidumbre y movimientos corporativos hostiles. El fondo nace con la vocación de blindar empresas clave en sectores como la tecnología, la defensa, la energía y las telecomunicaciones, replicando modelos de intervención estatal que ya operan en países como Francia o Alemania.
A diferencia de la SEPI, que actúa como un holding tradicional de gestión de participaciones industriales, este nuevo ente funcionará con una lógica más cercana a la de un fondo de capital riesgo soberano. Su dependencia directa de Presidencia otorga a Sánchez una capacidad de maniobra inédita para ejecutar operaciones financieras de alto calado político sin los filtros administrativos habituales de otros departamentos ministeriales.
Financiación europea y precedentes
La dotación inicial de 10.500 millones de euros procederá mayoritariamente de los remanentes y nuevas asignaciones de los fondos europeos Next Generation, redirigidos hacia la capitalización de tejido productivo nacional. Este movimiento se interpreta como la culminación de la estrategia iniciada en la legislatura anterior con la creación de la Sociedad Española para la Transformación Digital (SETT), conocida coloquialmente como la “SEPI Digital”, que ya anticipaba el deseo del Ejecutivo de tener un mayor protagonismo en el mercado inversor.
Expertos consultados señalan que este fondo permitirá al Gobierno actuar con rapidez ante situaciones como la vivida años atrás con la entrada de capital saudí en Telefónica, permitiendo al Estado tomar posiciones de bloqueo o control en consejos de administración de empresas del Ibex 35 y compañías emergentes de alto valor tecnológico.
Críticas por el intervencionismo
El anuncio no ha tardado en generar reacciones en el ámbito político y económico. Desde la oposición se critica lo que consideran un “intervencionismo desmedido” y alertan del riesgo de que los criterios de inversión respondan más a intereses políticos de Moncloa que a la rentabilidad o la lógica industrial. Asimismo, surgen dudas sobre la duplicidad de funciones con la actual SEPI y Cofides, y sobre cómo encajará este nuevo actor estatal en las normas de libre competencia de la Unión Europea.
El Gobierno, por su parte, defiende que se trata de una herramienta indispensable para garantizar que los centros de decisión de las grandes corporaciones españolas permanezcan en territorio nacional.
